El juicio contra dos exediles y el exjefe de Urbanismo por los dúplex de San Juan queda visto para sentencia

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El alegato lo hizo ayer José Mateo, abogado del exedil de Urbanismo, Guillermo Reyes, pero el resto de las defensas se le adhirieron. Criticó la «criminalización del derecho administrativo» y del Ayuntamiento de Telde, porque, a su juicio, el caso de los dúplex de Hoya de San Juan no es materia penal.

“Nos estamos saliendo del tiesto”, subrayó. Lo dijo durante la sesión de cierre de la vista con la que el Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas dilucidará si los exediles de Urbanismo de Telde, Ildefonso Jiménez (NC), 1999-2003, y Guillermo Reyes (Ciuca), 2003-2007, y el exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, incurrieron en un delito de prevaricación por omisión por no haber actuado al saber que 20 dúplex de la urbanización Hoya de San Juan, frente al parque de San Juan, ocupan suelo público destinado

a viales. Las defensas pidieron la absolución de los tres, según publica Canarias7.

Mateo criticó que el juicio se desarrollara «casi por completo fuera del escrito de acusación», porque, según advirtió al magistrado Francisco Liñán, la vista no buscaba dirimir si se invadió o no suelo público, que él cree que no, sino si los tres acusados cometieron prevaricación. Y, en respuesta al fiscal José Antonio Blanco, dejó claro que su cliente no estaba obligado a revisar la licencia porque eso es competencia de Pleno.

José María Guerra, que defendió a Jiménez, destacó que su representado sí dio respuesta a los 6 escritos de denuncia de los vecinos, que son los querellantes, y que sí hubiera incurrido en prevaricación si con informes técnicos y jurídicos favorables, como los había, no hubiera firmado el certificado final de obra y de primera ocupación del complejo.

Una de las sorpresas de la sesión de ayer la dio el abogado de Mena, Álvaro Campanario, que trató de desmontar las principales pruebas de cargo que usó el fiscal contra su defendido. Le reprochó, por ejemplo, que solo tuviese en cuenta el informe del extécnico municipal Diego Pastrana de agosto de 1998, «cuando todo el mundo estaba en chanclas y en la playa», en el que alertaba de una ocupación de suelo público de 1.503 metros cuadrados, y que, sin embargo, obviara que lo incluyó «con alevosía» y de «forma extemporánea» en el expediente del Estudio de Detalle de este sector cuando ya había concluido su tramitación, y en el que todos los informes de Pastrana habían sido positivos.

«¿Cuál es el secreto de esta actitud de Pastrana?», se preguntó, y trató de probar su «incompatibilidad» con un documento que obra en autos que demuestra que él y su familia son parte interesada en el expediente pues una de sus casas, en la calle Licenciado Calderín, linda con este complejo.

Frente a estas tesis, Gonzalo Otero, letrado de la acusación particular ejercida por la comunidad de propietarios, insistió en la «grosera y flagrante» ocupación de suelo público y en que «son abrumadoras las pruebas» de que ni Reyes ni Jiménez hicieron nada para solucionarlo. En todo caso, las defensas le reprocharon que no pidiera responsabilidad civil por lo sucedido al Ayuntamiento, o que no acusara también a los técnicos que informaron favorables las obras. Fuera de juicio, alertaron de que, si se hace lo que pide el fiscal, los vecinos perderán sus jardines.

“Ignorancia deliberada”

El fiscal mantuvo su petición de pena de 9 años de inhabilitación a los tres para cargo o empleo público al creer que actuaron con «ignorancia deliberada» respecto a la ocupación del suelo público, «ratificada –destacó por todos los topógrafos». Dijo que la apertura del expediente disciplinario fue un “paripé”.

Fuente: Texto de Gaumet Florido (C7)