El concejal Guillermo Reyes recurre el archivo de la causa de 2010 contra tres emisoras de Telde

Telde.- Guillermo Reyes, líder de Ciuca y concejal de Unidos por Gran Canaria en Telde, ha presentado un recurso de apelación contra el auto emitido el 10 de junio de 2015 por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, la magistrada María Cecilia López, por el que ordenaba el sobreseimiento y archivo de las actuaciones judiciales desarrolladas en 2010 contra tres emisoras de radio (Cibelio, PCL y Canal Telde), que fueron precintadas y sus titulares detenidos por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

 

Según ha podido saber TELDEACTUALIDAD, el concejal Guillermo Reyes, que se personó como acusación particular en esta causa abierta a raíz de una denuncia formulada por Aridane Alemán, familiar de un militante de Ciuca, ha recurrido el sobreseimiento y archivo de las mismas, dictado hace cerca de cuatro meses por la magistrada María Cecilia López al considerar que no existieron pruebas “debidamente justificadas” que acreditaran la perpetración del citado delito contra la propiedad intelectual que motivó la intervención judicial.

 

La magistrada llegaba a la conclusión de que “no existen indicios suficientes de la existencia de ánimo de lucro, elemento necesario para determinar la existencia del lícito penal investigado”, tal y como interesaba en octubre del pasado año la Fiscalía Provincial de Las Palmas en un escrito adelantado por este periódico digital.

 

Cabe recordarse que la intervención policial contra las emisoras Canal Telde, PCL y Radio Cibelio fue decretada en julio de 2010 por la entonces magistrada titular del Juzgado número 6 de Telde, María de los Ángeles Zabala.

 

La actuación, llevada a cabo por efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se saldó con nueve detenidos, todos ellos puestos en libertad a las pocas horas tras prestar declaración, y también se requisó material informático y electrónico, que a día de hoy todavía no ha sido devuelto, lo que impidió a las emisoras continuar con sus emisiones.

 

En su momento, el Ayuntamiento de Telde acordó por unanimidad emprender acciones legales de orden penal, civil y administrativo contra los responsables del “precinto indebido” de la emisora municipal, entendiendo que la acción llevada por la Guardia Civil “vulneró” derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.

 

El informe de la Asesoría Jurídica establecía que existía una evidente contradicción entre lo solicitado por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, en su oficio de 8 de julio de 2010 —que incluía la intervención o precinto de cuantos aparatos se estén utilizando en la comisión del delito para la emisión y retransmisión de la obra y grabaciones— y lo acordado en el auto de 14 de julio de 2010, donde se aclara que «no se limita de ninguna forma» la emisión o radiodifusión de cualquier otro contenido que no esté protegido por la propiedad intelectual.

 

La querella contra la jueza Zabala fue admitida a trámite y tuvo que declarar como imputada por "prevaricación judicial continuada" y un delito contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias observó indicios de antijuricidad en el proceder de la magistrada, la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó la causa contra ella.