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Manuel Amador Jiménez, nuevo director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria (Foto TA) Manuel Amador Jiménez, nuevo director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria (Foto TA)

El PP exige paralizar el nombramiento del teldense Manuel Amador y del resto de directores generales

El grupo popular en el Cabildo considera que el proceso ha sido una "cacicada inadmisible", viciado y "absolutamente teledirigido"

Dojeda Lunes, 21 de Septiembre de 2015 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD
Telde.- El grupo del PP Cabildo de Gran Canaria ha pedido hoy al presidente de la Corporación insular, Antonio Morales, que por "pudor y vergüenza" paralice de inmediato el proceso de nombramiento del economista teldense Manuel Amador Jiménez y del resto de directores generales, al “constatarse que -el proceso- se trata de una cacicada inadmisible”.
 
Y es que los populares consideran que estos nombramientos se han hecho para “inflar” la Administración insular “colocando” a personas afines y familiares de los miembros del tripartito NC-PSOE-Podemos.
 
“El PP lleva un mes denunciando que el proceso de selección de altos cargos está absolutamente teledirigido. Es un proceso viciado desde el principio donde lo que se buscan son personas afines a cada uno de los partidos, e incluso ahora empezamos a ver cómo pretenden colocar a familiares. Por eso le pedimos a Antonio Morales que, por pudor y vergüenza, paralice todo este proceso”, afirma el portavoz del PP Felipe Afonso.
 
“El nepotismo en el Cabildo de Gran Canaria comenzó por la unidad política, con una convocatoria pública a la carta para incorporar como altos cargos a afiliados y personas estrechamente vinculadas a cada uno de los partidos que conforman el Tripartito, pero en el colmo de la indecencia ya hemos pasado a la unidad familiar al intentar enchufar a familiares directos de los propios consejeros”, añade el consejero popular en la oposición.
 
Felipe Afonso recuerda además que “la naturaleza de la figura del director general en la Corporaciones locales, a diferencia de las Comunidades Autónomas, es administrativa y no política, razón por la que Ayuntamientos y Cabildos deben convocar un concurso público para ocupar la plaza”.
 
Todos estos hechos vienen a confirmar, según el Partido Popular, las “sospechas” que desde hace tiempo albergaba el grupo popular de que los requisitos incluidos en la convocatoria pública habían sido “redactados a la carta”, y que las plazas “ya estaban adjudicadas de antemano a compañeros de partido o personas vinculadas a las tres formaciones que conforman el
tripartito”.
 
Así, de los siete directores generales ya nombrados –en total serán 20- aseveran, resultan llamativos algunos nombres como los del economista teldense Manuel Amador Jiménez, nuevo director general de Medio Ambiente, claramente vinculado a las bases de Podemos, destaca el PP.
 
O la nueva directora general de Recursos Humanos, Margarita González Cubas, quien fuera concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de La Aldea con el PSOE, que es el partido que ahora gestiona el área de Recursos Humanos en el Cabildo grancanario.
 
Igualmente, el PP pone como ejemplo el nombramiento como director general de Industria y Comercio de Juan Manuel Gabella, que ocupaba el puesto 18 en la lista electoral de Nueva Canarias al Cabildo de Gran Canaria; o la nueva directora general de Comunicación, Fátima Martín Montesdeoca, quien trabajó a las órdenes del presidente del Cabildo durante la pasada campaña electoral llevando los asuntos de Prensa.
 
Pero la gota que ha colmado el vaso, apunta el portavoz Felipe Afonso, ha sido el intento de colocar como directora general de Igualdad, área que gestiona Podemos, a la pareja del vicepresidente segundo del Cabildo y consejero de Medio Ambiente, Energía y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito.
 
Desde el PP insisten en que NC, PSOE y Podemos ha incrementado en casi un 82% el número de directores generales en la Corporación insular, que pasará de los 11 del anterior equipo de gobierno del PP a los 20 del actual tripartito.
 
Unos nombramientos que, según los cálculos del grupo popular en el Cabildo, tendrán un coste para las arcas públicas superior a 600.000 euros (entre nómina y Seguridad Social), a los que habría que sumar otros 224.916,20 euros por el incremento también de consejeros con dedicación exclusiva, que han pasado de 15 a 18.
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