La Fiscalía rechaza que Castellano deba ser imputada por el nombramiento de Perdomo como director general de Personal

Telde.- La Fiscalía Provincial de Las Palmas rechaza la tesis de que la exalcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, y el secretario general del Ayuntamiento, Ángel Sutil, tengan que declarar como imputados en la instrucción abierta hace ahora un año por la presunta falsificación del título de licenciado en Derecho realizada por el exasesor municipal Joan Perdomo.

 

El ministerio público evacuó este verano un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Telde en el que desestima un recurso presentado en este sentido por el afectado y, al tiempo, se decanta por la opción de que Castellano y Sutil comparezcan en los tribunales bajo la condición de testigos. En todo caso, será la juez Carla Vallejo -quien apreciaba en junio pasado la existencia de indicios que podrían dar pie a una nueva imputación en contra de la alcaldesa-, la que tome la decisión final.

 

El informe de la fiscal Dolores Gutiérrez, al que ha tenido acceso este periódico digital y que fue notificado a las partes a principios de este mes, justifica a lo largo de cinco folios su postura. Entre otras cosas, el ministerio público apunta que “(...) lo procedente, en aras a la clarificación de cualquier extremo fáctico o jurídico referentes al objeto de este procedimiento, ha de de ser la declaración testifical” y no la remisión de un informe jurídico.

 

En esta misma línea, abunda que lo apropiado para la continuación de la instrucción de la causa en los juzgados de Telde es la citación en los juzgados de ambos -Castellano y Sutil- y también de quienes formaban parte de las dos reuniones de la Junta de Gobierno Local en las que, durante el tramo final del mandato, se bendijo el nombramiento de Joan Perdomo como director general de Recursos Humanos de la institución local. Un cargo que sólo podía ejercer con una licenciatura bajo el brazo y que presuntamente obtuvo después de que al inicio de su carrera en el consistorio, en junio de 2011, aportase un título de Licenciado en Derecho y otros dos de másters cursados supuestamente falsos.

 

La Fiscalía, eso sí, comparte la opinión de que el nombramiento de Perdomo “se llevó a cabo prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento público que garantizase la libre concurrencia y sin requerir al mismo la acreditación de ningún tipo de méritos o cualificación”, lo que podría comprometer la situación de varios cargos municipales vinculados al área de Personal. Así mismo, de la documentación que consta en autos se deduce que existen informes favorables emitidos por el entonces interventor municipal y por Secretaría que darían vía libre al cambio de rol de Perdomo dentro del Consistorio, donde comenzó como asesor adscrito a las áreas de los concejales Francisco López e Ignacio Serrano.

 

El cese del asesor, que en los últimos meses ha devuelto al Ayuntamiento de Telde un total de 24.000 euros de las cantidades supuestamente percibidas de más dada ante su verdadera titulación, se produjo hace ahora casi un año, el 30 de septiembre de 2014, a raíz de una investigación interna abierta por la propia Castellano. Es más, fue la regidora quien elevó la denuncia ante la comisaría de la Polícía Nacional y es su nombre el que consta en las diligencias previas como denunciante

 

Tras pronunciarse el fiscal sobre la manera y calidad en la que debe comparecer la alcaldesa en los juzgados, el texto profundiza en cuestiones alusivas al derecho administrativo y a normas vigentes en el proceso de selección y designación de personal en las administraciones públicas. Tras casi un año de pesquisas a un ritmo bajo, Perdomo,que ha rehecho su vida laboral fuera de las islas, se mantiene como único imputado por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental e intrusismo.

 

Y es que, tal como recogió TELDEACTUALIDAD en julio pasado, haciéndose eco de una noticia avanzada por Canarias7, la Justicia barajó la existencia de un posible delito de prevaricación por parte de la ahora exalcaldesa al nombrarlo como director general de Recursos Humanos en abril de 2014. También se apuntaron al secretario municipal y a los miembros de la Junta de Gobierno que adoptaron el acuerdo. La razón es que el nombramiento de Perdomo se llevó a cabo prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento público que garantizase la libre concurrencia y sin requerir la acreditación de méritos o cualificación.

 

En un informe fechado el pasado 11 de junio, Vallejo desestimó un recurso de reforma presentado por el exasesor contra la providencia de 5 de diciembre de 2014 en el que se le denegaban la práctica de nuevas pruebas. Entre otras cuestiones, se solicitaba a la magistrada que el secretario municipal emitiese un informe jurídico. Por lo pronto, la fiscal rechaza de plano ahora esta pretensión y prefiere disponer de Sutil para la práctica de un interrogatorio bajo la condición de testigo. El próximo paso en una instrucción que aún no ve el final en su fase previa está en manos de la juez. Esta anunció, el 27 de agosto, la apertura de un nuevo plazo para la presentación de recursos de reposición, si se considera oportuno, ante lo expuesto por la Fiscalía Provincial de Las Palmas.