El Gobierno local quiere consensuar con los dueños de los suelos afectados el pago de las indemnizaciones urbanísticas

TELDEACTUALIDAD

Telde.- Llegar a un “consenso” sobre un plan de pago de las indemnizaciones derivadas de sentencias firmes por expropiaciones del Plan General de Ordenación vigente, cuantificadas en más de 30 millones de euros. Ese es el objetivo que se ha fijado el nuevo Gobierno de Telde y con este fin hoy lunes la alcaldesa Carmen Hernández y otros miembros de su Ejecutivo mantendrán a las 17.30 horas una primera reunión con los abogados de un grupo de 8 afectados.

Los fallos judiciales que obligan al Consistorio a pagar cuantiosas cantidades en concepto de indemnización a los propietarios de suelo a los que el PGO impidió el desarrollo de sus terrenos por estar afectados por sistemas generales que nunca se llegaron a ejecutar tienen en solfa a la gestión económica, tensionan a diario su tesorería y amenazan seriamente el futuro económico de la Institución municipal.

En los presupuestos de este año, el anterior Gobierno local consignó 4 millones de euros para afrontar el abono de una pequeña parte de estas indemnizaciones, una cifra insuficiente para atender los constantes requerimientos de instancias judiciales.

El Ejecutivo que preside la nacionalista Hernández se ha propuesto coger el toro por los cuernos y  determinar un plan de pagos desde el “consenso” con los afectados, según avanzó este mediodía la alcaldesa a TELDEACTUALIDAD. En la reunión participará también el concejal de Presidencia y responsable de la Asesoría Jurídica,  el socialista Alejandro Ramos.

Hay que recordar que hace más de año y medio el anterior Gobierno del PP y CC presentó una propuesta a los juzgados que le reclaman los pagos de las indemnizaciones, pero no tuvo mucho éxito. Entonces Telde solo se pudo comprometer a saldar la deuda en un plazo de 30 años, pero no le fue aceptado.

Meses antes de las pasadas elecciones locales, el equipo de gobierno que dirigía Mari Carmen Castellano volvió a intentarlo con el diseño de un plan de pagos más ambicioso en los plazos, en cantidades anuales y en tiempo. Sin embargo, los comicios se echaron encima y el PP no contó con el apoyo de sus socios para aprobar el plan, que nunca llegó a debatirse en una sesión plenaria.

La propuesta que perfiló el entonces coordinador general de Economía y Hacienda, Darío López,  reducía el plazo final de amortización de la deuda de 30 a 7 años, basada en la idea de hacer ver a los juzgados que si tuviera que abonar toda la deuda en un año haría inviable que la Corporación pudiese cumplir sus obligaciones con los trabajadores y con los ciudadanos.

La nueva planificación se fundamentaba en el compromiso municipal de reservar 6 millones de euros anuales para hacer estos pagos hasta 2021. Ya en 2014 se habilitó una partida de 3 millones que se gastó. En las cuentas de este ejercicio 2015 se aprobó otro montante un poco mayor, esta vez de 4 millones de euros. Y la idea es que a partir de 2016 y hasta 2021 la reserva anual presupuestaria fuera de 6 millones de euros.

La deuda actual por expropiaciones que manejaba el anterior Gobierno local era de 34 millones de euros, producto de sentencias ya tenidas por firmes. Sin embargo, no se descarta que los fallos judiciales en contra del Ayuntamiento puedan seguir llegando, de ahí que se anunciara el propósito de que de esos 6 millones se reservarán a su vez cada año 600.000 euros para imprevistos.