TELDEACTUALIDAD
Telde.- El TSJC puede dejar en suspenso la demolición de la gasolinera de Repsol en Las Remudas, decretada por el Ayunamiento de Telde. Después de anular la licencia de obra por estar situado en suelo rústico, la Justicia deja entrever la posible legalización de la estación de servicio ante el nuevo planeamiento de Telde.
El TSJC mantiene la anulación de la licencia de obra en su sentencia fechada el 23 de marzo de 2015 y hace hincapié en la necesidad de aplicar medidas cautelares en ciertos casos que se extienden en el tiempo, para evitar “situaciones irreversibles”, como lo sería en este caso la demolición de la instalación, según publica Canariasahora.com.
Para la Sala, una vez anulada la licencia de obra y, en consecuencia, desaparecida del modo jurídico, “nos encontramos ante una obra que carece de las perceptivas licencias, de modo que ha de procederse al restablecimiento del orden jurídico perturbado, lo que puede tener lugar, bien por la legalización, si la obra o el uso resultan compatibles con el planeamiento, bien por la reposición de la realidad física alterada a su estado originario, en caso contrario.
Es decir, que la Justicia considera que el procedimiento no ha concluido y deja la puerta abierta a que la estación pueda ser legalizada en un futuro, ya que la demolición exige un planteamiento expreso de incompatibilidad que, al parecer, no se ha dado de momento.
En consecuencia, la reposición del paisaje “exige agotar el procedimiento que hemos pormenorizado en el anterior fundamento, sin que nos conste en definitiva que exista una resolución municipal – menos aún judicial – que después de transcurrido tanto tiempo haya resuelto si la controvertida estación de servicios es o no legalizable”, concluye.
Así pues, la demolición solo podrá dictarse después de que se rechace la legalización de las instalaciones, lo cual resulta paradójico teniendo en cuenta que ya se ha dirimido que es ilegal. José González, el denunciante, pone en duda el proceso judicial llevado a cabo por la Sala, que no le permitió personarse en el mismo pese a que lo solicitó en tiempo y forma.
Clausura y demolición
El plazo para el cierre, por decreto municipal, se cumplió el 7 de marzo, pero no se produjo de forma voluntaria. Fueron los agentes los que lo hicieron de forma forzosa tras una orden del Ayuntamiento porque el recinto continuaba abierto casi 10 días después.



























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