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Imagen de archivo de una tertulia en Canal Telde, la radio municipal desaparecida (Foto TA) Imagen de archivo de una tertulia en Canal Telde, la radio municipal desaparecida (Foto TA)

La Justicia archiva la acción de la magistrada Zabala contra tres emisoras de Telde

La intervención llevada a cabo en julio de 2010 se saldó con la detención de 9 profesionales de la radio municipal Canal Telde, Cibelio y PCL

cojeda Martes, 16 de Junio de 2015 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La magistrada  María Cecilia López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde (antiguo mixto número 8) ha  decretado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones judiciales llevadas a cabo el 8 de julio de 2010 contra tres emisoras de radio  (Cibelio, PCL y Canal Telde), que fueron precintadas y sus titulares detenidos por un presunto delito contra la propiedad intelectual, según ha podido saber TELDEACTUALIDAD.

 

El auto de fecha 10 de junio, al que ha tenido acceso este diario digital, declara el archivo al considerar que no existen pruebas “debidamente justificadas” que acrediten la perpetración del delito que motivó la intervención judicial. En este caso, la magistrada llega a la conclusión de que “no existen indicios suficientes de la existencia de ánimo de lucro, elemento necesario para determinar la existencia del lícito penal investigado”.

 

En consecuencia, determina el sobreseimiento de las actuaciones, tal y como lo había solicitado en octubre pasado la Fiscalía Provincial de Las Palmas mediante un escrito en el que se fundamentaba, como adelantó TELDEACTUALIDAD,  que “de lo obrante en autos no resulta base probatoria bastante para formular acusaciones, habida cuenta de que la ausencia de mínima prueba de ánimo de lucro en el desarrollo de la actividad.

 

Este auto judicial no es firme, por lo que cabe recurso de reforma o de apelación.  La denuncia partió de Aridane Alemán, familiar de un militante de Ciuca, y Guillermo Reyes ejerció la acusación popular.

 

La intervención policial contra las emisoras Canal Telde, PCL y Radio Cibelio fue decretada en julio de 2010 por la entonces magistrada titular del Juzgado número 6 de Telde, María de los Ángeles Zabala, que ordenó el cierre de estas estaciones radiofónicas del municipio por un presunto delito de prevaricación judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos fundamentales.

 

La actuación llevada a cabo por efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil se saldó con nueve detenidos, todos ellos puestos en libertad a las pocas horas, y también se requisó material informático y electrónico, lo que impidió a las emisoras continuar con sus emisiones. Los arrestados prestaron declaración en las dependencias de la Benemérita durante varias horas antes de ser puestos en libertad.

 

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil intervinieron dichas emisoras para investigar la presunta comisión de varios delitos, relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de autor.

 

Cabe recordarse que el Ayuntamiento de Telde acordó por unanimidad emprender acciones legales de orden penal, civil y administrativo contra los responsables del “precinto indebido” de la emisora municipal, entendiendo que la acción llevada por la Guardia Civil “vulneró” derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.

 

El informe de la Asesoría Jurídica establecía que existía una evidente contradicción entre lo solicitado por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, en su oficio de 8 de julio de 2010 —que incluía la intervención o precinto de cuantos aparatos se estén utilizando en la comisión del delito para la emisión y retransmisión de la obra y grabaciones— y lo acordado en el auto de 14 de julio de 2010, donde se aclara que «no se limita de ninguna forma» la emisión o radiodifusión de cualquier otro contenido que no esté protegido por la propiedad intelectual.

 

La querella contra la jueza Zabala fue admitida a trámite y tuvo que declarar como imputada por "prevaricación judicial continuada" y un delito contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias observó indicios de antijuricidad en el proceder de la magistrada, la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó la causa contra ella.

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