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Imagen de archivo de un acto de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar (Foto TA) Imagen de archivo de un acto de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar (Foto TA)

La Red de Solidaridad de Jinámar agradece el apoyo popular que ha logrado paralizar más de 20 desahucios

Insta al Gobierno de Canarias a que paralice los expedientes al respecto que gestiona la empresa pública Visocan

ainhoa1 Domingo, 07 de Junio de 2015 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La Red de Solidaridad de Jinámar y la Asociación de Vecinos Ciudad del Campo Alto agradecieron a la ciudadanía que se sumó a la última convocatoria de protesta, ya que se ha logrado paralizar más de veinte desahucios que iban a ser promovidos por la empresa pública Visocan contra “familias empobrecidas” que no han podido pagar sus alquileres.

 

Asimismo, la plataforma ha instado al Ejecutivo regional y a la consejera de Vivienda y Políticas Sociales, Inés Rojas, a que paralice de forma “inmediata de todos los desahucios administrativos y judiciales por impagos, debidos a la falta de ingresos en las familias afectadas”.

 

TELDEACTUALIDAD ofrece el comunicado emitido por la Red de Solidaridad Popular de Jinámar:

 

La Red de Solidaridad Popular de Jinámar y la Asociación de Vecinos Ciudad del Campo Alto, agradecen públicamente el apoyo de los vecinos de Jinámar y Ciudad del Campo que asistieron a la concentración que se celebró el pasado martes 19 de mayo de 2015, ante las puertas de la Dirección General de la Vivienda, para parar más de veinte desahucios promovidos por Visocan contra familias empobrecidas que no tienen con qué pagar los alquileres, en Ciudad del Campo.

 

Igualmente agradece el apoyo de ATTAC Canarias, a la Plataforma “Derecho a Techo”, a Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, Unidad del Pueblo y a los miembros de la iglesia Evangélica de Jinámar que estuvieron presentes mostrando su apoyo a esta reivindicación de justicia y humanitaria.

 

Gracias a esta movilización y los apoyos recibidos es que se ha conseguido paralizar de momento, los desahucios. La petición de suspensión de los lanzamientos previstos para el jueves 21 de mayo, la registró VISOCAN en el Decanato de los Juzgados de Las Palmas, justo después de la concentración de protesta contra los mismos.

 

Lo que indica que la lucha por la defensa de los derechos de la gente y la lucha contra las injusticias, tiene resultados beneficiosos para todos.

 

Escrito presentado a la consejera de Vivienda y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias

La Red de Solidaridad Popular (RSP) de Jinámar, se dirige a Vd. y la institución que representa para exponer:

1.- Que el 26 de junio de 2014, la RSP de Jinámar se concentró a las puertas de la Dirección General de la Vivienda, en Las Palmas, para paralizar 17 expedientes de desahucio en Jinámar y que ese mismo día fueron recibidos por la Directora General de la Vivienda representantes de esta RSP y de Stop Desahucios. En dicha reunión se acordó suspender los desahucios por causas económicas y cambiar el protocolo de comunicación y requerimiento a las personas con deudas, “haciéndolo más humano”. Se acordó no tramitar ningún impago por la vía judicial, sin antes ser requeridos a los deudores para que justificaran las causas de los impagos y también se acordó que si los impagos se justificaban por falta de ingresos económicos, los servicios sociales de la Dirección General de la Vivienda buscarían una solución de acuerdo con las personas afectadas.

 

2.- Que a pesar de lo expresado anteriormente y de las reiteradas manifestaciones de la Consejera, de que “no se desahuciará a nadie por motivos económicos”, Visocán sigue tramitando en los juzgados, desahucios a familias empobrecidas que no pueden pagar los alquileres por no tener ingresos. Situación que genera en dichas familias incertidumbres, angustias, desesperación y otros problemas derivados del miedo a perder el hogar.

 

3.- Que Visocán está requiriendo de forma verbal a muchas familias con deudas, diciéndoles que paralizan las denuncias judiciales si firman el reconocimiento de deuda y se comprometen a pagar dos recibos mensuales. Esta situación fuerza a muchas familias a aceptar el acuerdo, a sabiendas de que no podrán cumplirlo y que generará un círculo vicioso de más impagos, más angustia, mayores humillaciones, etc.

 

4.- Que Visocán es “empresa pública que gestiona el alquiler de viviendas de protección oficial, y cuyo fin social debe ser, ante todo, procurar por todos los medios el bienestar de las personas y familias menos favorecidas”. Continúa con los desahucios a las personas más atacadas por la crisis económica, a pesar de ser empresa pública, tener el fin social dicho y de las manifestaciones de su presidenta (la consejera de la Vivienda) expresadas en el punto 2.

 

5.- Que se les está retirando las ayudas al alquiler de la vivienda a muchas familias que no pueden hacer frente a las deudas con la comunidad o a los alquileres, engrosándoles injustamente las deudas, llevándolas a que estas sean impagables y haciendo más fácil que se tramiten en los juzgados.

 

Por todo lo antes expuesto es que esta Red de Solidaridad Popular solicita:

1.- La paralización inmediata de todos los desahucios administrativos y judiciales por impagos, debidos a falta de ingresos en las familias afectadas.

 

2.- Que la Consejería de la Vivienda y presidenta de Visocan haga honor a sus responsabilidades, compromisos, manifestaciones públicas y parlamentarias para “no desahuciar a nadie por causa económica” y a la vez desautoricen a Visocan en todos los expedientes de desahucio que no lleven informe positivo de los Servicios Sociales de la Dirección General de la Vivienda.

 

3.- No se retire a ninguna familia la ayuda social al alquiler de viviendas de VPO, debido a deudas con sus comunidades o con Visocan, cuando estas sean debidas a falta de ingresos económicos.

 

4.- Pedimos un trato más humano desde Visocan, desde la Dirección General de la Vivienda y desde la Consejería de la Vivienda y Políticas Sociales a las personas que están sufriendo el empobrecimiento, la falta de atención social y la falta de ayudas de emergencia.

 

5.- Que los servicios sociales de la Dirección General de la Vivienda jueguen un papel preponderante, en todos los casos de impagos de los alquileres sociales y deudas a las comunidades. Que Visocan no inicie ningún expediente de desahucio sin los informes favorables de dichos servicios sociales.

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