TELDEACTUALIDAD
Telde.- El mandato se inicia en los ayuntamientos con importantes cambios que vienen de la mano de la nueva ley de régimen local. Uno de ellos es la reducción considerable del número de concejales liberados, así como el personal de confianza. En Canarias, menos de la mitad de los ediles elegidos podrá cobrar del erario público.
La aplicación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local -aprobada el año pasado- tendrá importantes consecuencias en el funcionamiento y trabajo diario de los ayuntamientos. Uno de ellos se dejará notar cuando, a partir de la constitución de los plenos municipales el próximo 13 de junio, las corporaciones vean reducir el número de concejales que cobren un sueldo de la administración local respecto a los existentes, así como el del personal eventual.
Hasta ahora, este extremo estaba en manos de los ayuntamientos y de su alcalde, que según su propio criterio, decidía cuantos ediles quedaban liberados para trabajar exclusivamente para el municipio. Estas restricciones a la hora de distribuir estas plazas puede ser una dificultad añadida a la hora de cerrar pactos entre las diferentes fuerzas políticas de cara al nuevo mandato.
La norma, elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública que dirige Cristóbal Montoro, cosechó críticas desde todos los partidos políticos, fundamentalmente por la injerencia en la autonomía municipal y el alejamiento que, de facto, produce de los ciudadanos a los servicios básicos. El objetivo, según el Gobierno, es no duplicar competencias, igualar salarios de alcaldes y concejales de los diferentes ayuntamientos y ahorrar entre 7.000 y 9.000 millones de euros.
Una de las medidas que recoge esta ley, y que se empezará a ver en este nuevo mandato, es que el presupuesto destinado a pagar sueldos bajará. Y eso será posible porque tanto el número de concejales liberados como el de personal eventual -cargos de confianza y asesores- queda supeditado a la población, aunque se manejarán diferentes horquillas en cada caso.
Así, el pasado 24 de mayo, los canarios eligieron un total de 1.410 concejales a los 88 municipios de las Islas. De éstos, sólo 535 pueden ser liberados, es decir, menos de la mitad podrán cobrar un sueldo de su ayuntamiento. Esta cifra se rebajará hasta las 347 nóminas como máximo para los cargos de confianza, según dispone la ley.
La nueva norma prevé que, por ejemplo Betancuria, el municipio más pequeño y que tiene menos de 1.000 habitantes, no podrá tener ningún concejal liberado y su alcalde no podrá cobrar más de 20.000 euros al año. En el extremo opuesto, Las Palmas de Gran Canaria podrá disponer de veinte personas liberadas. Además, los cinco municipios con más de 75.000 habitantes (Las Palmas de Gran Canaria, Telde, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Arona) pueden tener como cargos de confianza el mismo número que de ediles liberados, 18 en total.
Fuente: Texto de Bárbara Hernández (Canarias 7).


























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