Castellano baraja reclamar responsabilidad patrimonial al ex alcalde Santiago por los litigios con Santana Cazorla

Telde.- La alcaldesa Mari Carmen Castellano y y su equipo estudian reclamar responsabilidades patrimoniales al ex alcalde Francisco Santiago (NC), una decisión que meditan a raíz de una “cascada” de fallos judiciales que derivan de la sanción impuesta en el anterior mandato contra Santana Cazorla y que condenan al Consistorio local a indemnizar a la empresa constructora.

 

Cabe recordarse que en el mandato anterior, el entonces alcalde Francisco Santiago y su grupo de Gobierno decidieron en su momento incoar un expediente municipal contra la empresa Santana Cazorla por una supuesta negligencia cometida por esta en la ejecución de las obras de la urbanización de Arauz. Un procedimiento que derivó en una sanción con la prohibición a la constructora contratar obra pública en Telde durante 5 años.

 

Esta decisión, tomada "alegremente y sin fundamento legal", dio pie a numerosos litigios contra el Consistorio local, la gran mayoría de ellos dando la razón a Santana Cazorla y condenando a la Institución municipal a hacer frente a cuantiosas indemnizaciones y compensaciones, como así explicaba la propia alcaldesa Mari Carmen Castellano a los periodistas.

 

Sin ir más lejos, este martes, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde tomaba conocimiento de dos nuevos fallos desfavorables para sus intereses, los cuales todavía pueden ser recurridos.

 

El primero relativo a las obras de reforma del Mercadillo de San Gregorio, incluidas en el Plan Feile, y el segundo sobre el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, un servicio adjudicado inicialmente a Santana Cazorla a quien poco después se le retiraría para concedérselo a una segunda compañía, Fomento de Construcciones y Contrata. La constructora inició una guerra judicial y este martes la Junta de Gobierno conoció un fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas  de Gran Canaria, de fecha 17 de octubre de 2014, que admite parcialmente el recurso que presentó la UTE y declara nulo el decreto de 15 de junio de 2009 que a su vez dejó sin efecto el apartado del decreto del 9 del mismo mes donde se elevaba a definitiva la adjudicación provisional de la que gozaba la UTE afectada.

 

El Gobierno local todavía no sabe a ciencia cierta cuánto dinero va a suponer estas indemnizaciones, aunque si ha anunciado que, en la medida de lo posible, recurrirá los fallos. Por lo pronto pedirán al juzgado una aclaración para posteriormente elaborar una valoración que cuantifique las cantidades a las que tendría que hacer frente por estas dos últimas sentencias.