El poblado costero de Ojos de Garza se aleja de la orilla y el nuevo Plan Insular lo desconoce

Telde.- Los vecinos de la playa de Ojos de Garza tienen medio hechas las maletas para alejarse de la orilla y hasta lograron que el Parlamento canario les garantizase el derecho a esa mudanza por ley, pero el Plan Insular de Ordenación no se ha enterado.

 

Según publica Canarias7 en su edición impresa de este lunes, así al menos lo han constatado los propios vecinos, que  comprobaron que en la planimetría de la Adaptación del Plan Insular de Ordenación (PIO) a las Directrices de Ordenación General y a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, actualmente en fase de información pública tras su aprobación inicial, se seguía reservando a Aena y a la futura ampliación del aeropuerto el suelo al que se mudarán los vecinos para alejarse de la orilla y cumplir con la Ley de Costas.

 

Una veintena de las 144 casas tienen sentencia firme de derribo por ocupar suelo donde la normativa prohíbe que haya viviendas.

 

El propio caserío y la parcela de 32.000 metros cuadrados que está justo detrás, y a donde quieren trasladarse, aparece clasificada como suelo de servicio aeroportuario. Para hacer ver a los técnicos que están en un error, la Asociación de Vecinos Playgarza presentó alegaciones el pasado 11 de febrero, y entre otros documentos, les aportó la resolución de Aena de 2007 en la que les comunica que no necesita ese suelo.

 

Además del escrito de Aena descartando la necesidad del suelo donde se levanta el caserío, Playgarza pone el acento de sus alegaciones al PIO en la aprobación a finales del 2014 y por el Parlamento de Canarias de la Ley 14/2014 de 26 de diciembre de Armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales. Alegan que en la disposición vigesimosexta de esa norma, ya en vigor, se insta, de forma expresa, a la “urgente necesidad” de recuperar la playa de Ojos de Garza para el uso público y se ordena que se modifique el Plan General de Telde para habilitar suelo suficiente a donde mudar el caserío.

 

Y también aportan el convenio entre el Ayuntamiento y los vecinos para poner las bases para el realojo y el informe del Director General de Costas en Madrid en el que mostraba su disposición a una salida pactada a los vecinos.