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Telde.- En un informe de seis páginas sobre la memoria económica del nuevo Plan General de Ordenación, el interventor del Ayuntamiento de Telde, Enrique Orts, pone el acento en la deuda pendiente por expropiaciones, para la que pide una reserva anual de 10 millones; insta a un control periódico de la ejecución del planeamiento y propone hacer un inventario de los bienes inmuebles municipales.
El interventor del Ayuntamiento, Enrique Orts, colgó ayer las botas dejando deberes. Tras siete meses de espera y un empresario en huelga de hambre en la plaza de San Juan, Orts hizo un dictamen favorable al Plan General de Ordenación, pero pone condiciones. Por ejemplo, pide reservar 10 millones de euros al año en los presupuestos para pagar las expropiaciones.
Aunque se hizo de rogar y forzó incluso a que un ciudadano, Gonzalo Cáceres, decidiera declararse en huelga de hambre en protesta por la parálisis que sufría el PGO, al final Orts no será un obstáculo para que el Ayuntamiento pueda proceder a la aprobación inicial del documento, según publica Canarias7.
Con todo, y aunque solicita que se considere el cumplimiento de este informe en la fase de aprobación provisional, recuerda que lo que dice es preceptivo, no vinculante.
En seis páginas da su plácet al PGO, pero tampoco se reprime y aprovecha para dar varios tirones de oreja. Reprende al equipo redactor porque en su memoria económica del PGO “no recoge la carga financiera heredada de los anteriores planes generales, con la apariencia de que Telde ha nacido al urbanismo en 2014”, y también al gobierno local por no hacer caso a sus últimas sugerencias para cumplir con las sentencias pendientes que obligan al pago de expropiaciones y no haberlas incluido en el acuerdo de los presupuestos de 2014.
Tras dejar patente su contrariedad por el hecho de que se le haya exigido un informe que no pidieron en ninguno de los avances y planes generales anteriores, insta a cuantificar definitivamente la deuda generada por sentencias recaídas por expropiaciones urbanísticas (se queja de que los recuentos hechos hasta ahora no son fiables) y a que se dé debida respuesta a esas resoluciones judiciales. Y es para eso, para cumplirlas y pagarlas, para lo que plantea reservar al año 10 millones de euros en los presupuestos.
Igualmente defiende la reversión a sus condiciones originales del suelo que no se haya utilizado y a la firma de convenios urbanísticos con los dueños afectados.
También reclama establecer mecanismos de control periódico sobre la ejecución del PGO, propone hacer el inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento, “ya que se pierde en el mar del olvido” la aprobación del último, y pide revisar los ingresos presupuestarios “desfasados” en los que se basa el redactor del PGO.
El informe de Orts da vía libre a la tramitación que resta para llevar a Pleno la aprobación inicial del PGO, que, según previsiones
de la alcaldesa, Mari Carmen Castellano, y de Pablo Rodríguez, edil de Urbanismo, podría ser convocado para la segunda semana
de febrero. Antes se celebrarán dos comisiones, una informativa y otra normal de Pleno.
Castellano y Rodríguez subrayaron que el documento pondrá en uso suelo que atraerá inversiones millonarias y regularizará más
de 1.000 casas ilegales.
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