La jueza que lleva el Caso ICO en Telde convoca a los abogados de los imputados para "cuadrar las agendas"

Telde.- Las declaraciones previstas este martes 9 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde por un presunto mal uso del crédito ICO para comprar una parcela en La Mareta han vuelto a suspenderse por sexta vez por problema de agenda de la abogada de la alcaldesa Mari Carmen Castellano, que figura como imputada al igual que el funcionario José Luis Mena, el empresario Ambrosio Jiménez y el secretario municipal Ángel Sutil.

 

Tampoco a la sexta fue la vencida. La jueza que instruye las diligencias por supuestas irregularidades en Telde por un presunto mal uso del crédito lCO para comprar una parcela en La Mareta se queda con las ganas de escuchar lo que tienen que explicarle algunos de los principales imputados en esta causa. Problemas de agenda de la abogada de la alcaldesa, Mari Carmen Castellano, han imposibilitado que se celebre mañana la ronda de declaraciones prevista.

 

Dadas estas circunstancias, la magistrada Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, ha decidido coger el toro por los cuernos Y ha dictado una providencia, el pasado 2 de diciembre, en la que convoca para este jueves, 11 de diciembre, a las 09.30 a todos los letrados de los imputados “a los efectos de cuadrar las agendas”, según avanza Canarias7.

 

Peña ordenó abrir diligencias previas para aclarar la compra por el Ayuntamiento al empresario Ambrosio Jiménez de un solar en La Mareta, a raíz de una denuncia de otro empresario, Julián Gómez del Castillo, tal y como informó este diario digital.

  

En el pasado mes de marzo de este año, una comisión judicial, conformada por la secretaria de ese Juzgado y dos agentes de la Policía Judicial, se personó en la Alcaldía de Telde para recabar la documentación que solicitaba la magistrada y el Gobierno local se la facilitó en ese mismo día.

  

La secretaria y agentes se llevaron papeles vinculados con los trámites que tuvo que poner en marcha el Ayuntamiento en 2012 para recuperar una parcela de 6.500 metros cuadrados en La Mareta que se le había vendido en 2005 por 10 millones de euros a la mercantil Proyectos Inmobiliarios Las Arenas, propiedad de Ambrosio Jiménez. Una sentencia, que ya era firme, obligaba al Consistorio a recuperar aquel solar, que pertenecía a las llamadas parcelas P-1 y P-2 de La Mareta, y a poner ambas otra vez a disposición del empresario al que en 2003 el gobierno de PP y Ciuca le quitó la concesión para levantar y explotar un centro comercial, un hotel, un geriátrico y aparcamientos. Era Julián Gómez del Castillo, que fue justo el que interpuso esa denuncia que ahora investiga la jueza Peña.

  

La comisión judicial pidió desde el convenio que se pactó con Jiménez para el pago aplazado del solar hasta el expediente de facturaas del préstamo avalado por el ICO que hizo posible que el Ayuntamiento le abonara la parcela en 2012 por 13,2 millones de euros. También solicitó varias actas de pleno.

  

Gómez del Castillo presentó su denuncia en junio de 2013 y pidió a la jueza que aclare si la alcaldesa Mari Carmen Castellano incurrió en prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

 

En junio último trascendió que una de las claves que dio lugar a la apertura de estas diligencias previas para investigar el acuerdo al que se llegó con el empresario Ambrosio Jiménez para recuperar una parcela que era del Ayuntamiento está en un posible cambio de las claúsulas del covnenio. También se estudia cómo se le pagó.

  

La cláusula de la discordia es la número 6 de las que se incluyeron en el convenio que el Ayuntamiento firmó con el empresario Ambrosio Jiménez en 2012. Ese acuerdo buscaba dar cumplimiento a una sentencia firme que obligaba al Consistorio a recuperar un solar en La Mareta que se le vendió en subasta pública en 2005 a una empresa propiedad de Jiménez, Promociones Las Arenas.

  

Según se explicita en la denuncia que dio pie al caso, presentada por el empresario Julián Gómez del Castillo (el que debía ser el destinatario final de esa parcela recuperada), la cláusula sexta que aparece en el convenio que se pactó con Jiménez y que fue aprobado en un pleno de diciembre de 2011 no fue la misma que la que figuró en el convenio que realmente se firmó días después.

  

La cláusula sexta del convenio entre el Consistorio y Jiménez es la que fija cuándo pasaba a propiedad municipal la parcela comprada al empresario. En la del texto aprobado en el Pleno de 2011 se dice que el solar pasará a manos del Ayuntamiento para devolvérselo a Gómez del Castillo y así hacer cumplir la sentencia que dio la razón a este empresario. En el texto del convenio que se firmó días después esa cláusula fija la entrega de la parcela cuando el Consistorio le termine de pagar, varios años después.

Ese es uno de los supuestos delictivos, el de la falsedad documental, a los que le sigue la pista la titular del juzgado de instrucción número 2 de Telde, Virginia Peña. Por este y por otros presuntos delitos es por los que la jueza ha imputado a la alcaldesa, Mari Carmen Castellano, al exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, al empresario Ambrosio Jiménez, y al secretario municipal, Ángel Sutil. Cada uno de los encartados ha sido citado por hechos diferentes.

  

A la denuncia de Gómez del Castillo se le ha acumulado la que interpuso Más por Telde por entender que se usó irregularmente el crédito del ICO en 2012 para pagar a Jiménez.

 

La alcaldesa ha señalado que está convencida de que la denuncia que ha dado fruto a esta imputación quedará finalmente archivada. Ahora bien ha dejado igualmente claro que ella firma lo que le dicen los funcionarios, por lo que “si hubo error por parte de algún técnico que se asuma, será la Justicia quien lo diga”.