"Es de una gravedad espantosa que Mena siga trabajando en el Ayuntamiento de Telde"

Telde.- El exjefe de Urbanismo de Telde , José Luis Mena, negó este martes 21 de octubre ante la Audiencia de Las Palmas haber falseado en 2005 un informe sobre las viviendas de Los Alisios para denunciar por prevaricación al entonces edil del área, Ildefonso Jiménez (NC). Sin embargo, tanto el Fiscal como la acusación particular solicitan que se le condene y el letrado que representa a  Jiménez ha pedido al tribunal que se aparte a este funcionario de su puesto porque es "de una gravedad espantosa" que siga trabajando en el Ayuntamiento.

 

Este funcionario del Ayuntamiento de Telde se enfrenta en esta causa a una pena de cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental, que le imputan tanto la Fiscalía como la acusación particular a raíz de las irregularidades observadas en el proceso por el que fue juzgado -y finalmente absuelto- Ildefonso Jiménez.

 

Los peritos de la acusación sostienen que el documento que se utilizó para acusar al edil de NC, que lleva fecha de 2002, fue fabricado en realidad tres años después, en una fecha cercana a otro que Mena emitió sobre la urbanización de Los Alisios el 14 de febrero de 2005.

 

Según la acusación, Mena suscribió con su firma un informe jurídico fechado el 15 de noviembre de 2002, que fue incorporado al expediente municipal 929/1999 en un momento posterior.

 

En ese informe sobre la urbanización de Los Alisios, que la acusación considera emitido en el primer semestre de 2005, el acusado rechazaba la procedencia de conceder la cédula de habitabilidad de una vivienda del barrio de La Garita hasta que no se subsanasen las deficiencias comunicadas en el expediente de 1999, relativo a la construcción de cuatro casas unifamiliares.

 

Mena ha afirmado ante el tribunal que ese informe es de 2002 y lo rubricó en la fecha que consta y que no lo emitió en 2005, como sostienen las acusaciones y como ha declarado hoy Ildefonso Jiménez, quien subraya que la denuncia que interpuso en su contra el concejal de Telde Guillermo Reyes (Ciuca) se apoyaba en ese documento.

 

La acusación cuestiona la veracidad de la fecha de ese documento basándose en dos informes periciales, uno realizado por la Guardia Civil y otro por un experto designado por el juzgado de Instrucción.

 

Una de las guardias civiles que suscriben el primero ha dicho que analizaron 21 firmas del acusado con material de "riqueza suficiente" para estudiar la evolución de su rúbrica y que han determinado que la firma del documento en cuestión se corresponde con la de otro de 2005, por lo que consideran que son coetáneos.

 

Por su parte, el perito judicial que analizó las firmas de ambos documentos ha declarado que los indicios apuntan a que son coetáneos por las similitudes de las firmas y porque fueron hechos con elementos impresos de iguales características y distintos al resto de los 74 documentos que revisó.

 

Este perito, no obstante ha considerado que existen indicios, pero que es "imposible" afirmarlo de forma categórica.

 

El perito propuesto por la defensa ha manifestado que la pericial de la rúbrica de Mena propuesta por las acusaciones es "insuficiente" para una conclusión de rigor y ha añadido que la determinación cronológica de un documento es una asignatura pendiente de la ciencia criminalista.

 

Las dos acusaciones han rechazado la pericial de la defensa porque el propio perito ha reconocido que los documentos que analizó fueron aportados por Mena y no corroboró que fueran oficiales.

 

La acusación particular ha añadido que, si se demostrara que analizó un documento original del Ayuntamiento que le facilitó Mena sin autorización previa municipal, "sería un nuevo delito".

 

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han solicitado que se condene a Mena, y el letrado que representa a Ildefonso Jiménez ha pedido al tribunal que se aparte a este funcionario de su puesto porque es "de una gravedad espantosa" que siga trabajando en el Ayuntamiento.

 

Frente a la absolución reclamada por la defensa de Mena, que en caso de condena pide al tribunal que valore la dilación indebida, las dos acusaciones reclaman que se le impongan cuatro años de prisión, una multa de 6.000 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo público por igual periodo que la condena que se reclama.

 

Mena ha sido condenado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a siete años de cárcel por un delito de cohecho y otro de falsificación en el "caso Europa", al estimar que era una de las piezas principales de la trama de pago de comisiones ilegales que el empresario José Manuel Antón montó para conseguir contratos de obra en Telde.