El TSJC decide este martes si ordena o no el ingreso en prisión del que fuera jefe de Urbanismo de Telde

Telde.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se pronunciará este martes sobre la petición formulada por el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, de que se ordene el ingreso en prisión por posible riesgos de fuga del funcionario municipal y exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, condenado a seis años y diez mes de prisión por su implicación en el llamado Caso Europa, de corrupción urbanística en Telde, tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD.

 

La pasada semana, la Sala decretó en un auto, también a instancias de Luis del Río, la libertad provisional para el empresario de José Manuel Antón Marín que deberá presentarse ante la Sala Civil y Penal del TSJC los días 1 y 15 de cada mes, así como cuantas veces se le llame.

 

Asimismo, Antón tendrá prohibida su salida del territorio nacional sin previa autorización judicial y se le retirará el pasaporte, que deberá entregarlo en el plazo de 24 horas ante la citada Sala. En este sentido, matiza que en caso de incumplir alguna de las medidas indicadas "podrán agravarse" las cautelares, pudiendo llegar a decretar su prisión provisional.

 

Por su parte, también se decretó libertad provisional para Juan Carlos Saavedra, otro de los condenados en el Caso Europa, que deberá presentarse ante la Sala Civil y Penal del TSJC los días uno de cada mes, así como cuantas veces se le llame. En su caso, también tendrá prohibida la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial y retirada del pasaporte, que deberá ser entregado en el plazo de 24 horas ante la citada Sala con apercibimiento de que "en caso de incumplir alguna de las medidas indicadas podrán agravarse" las medidas cautelares, pudiendo llegarse a decretar su prisión provisional, previos los trámites oportunos.

 

Hay que recordar que al empresario José Manuel Anton Marín se le condenó a un total de 5 años de prisión por un delito continuado de cohecho, así como por otro contra el mercado y los consumidores, además de una multa de 520.000 euros; mientras que a Juan Carlos Saavedra se le impuso una pena de 4 años y 10 meses de prisión al considerarlo cooperador necesario, responsable penalmente de un delito de cohecho con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, además de una multa de 109.000 euros en total.

 

Los dos autos se hicieron públicos el pasado jueves tras las visitas celebradas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en presencia de los acusados, y en las que la relativa a Antón, el Ministerio Fiscal reclamaba su prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 250.000 euros, la obligación de comparecer ante el tribunal y la retirada de su pasaporte.

 

La Fiscalía, en el caso de Saavedra, solicitó su libertad provisional con la obligación de comparecer ante el tribunal, la retirada del pasaporte y el pago de una fianza de 100.000 euros.

 

En los fundamentos del auto dictado sobre Antón, se señala que estas medidas obedecen al riesgo de fuga que existe, ya que, según la sentencia del "caso Europa" dictada el pasado 3 de septiembre, este ha sido condenado a una pena de cinco años de cárcel como autor de un delito continuado de cohecho y otro contra el mercado y los consumidores.

 

En el caso de Saavedra, el auto señala que este fue condenado a 4 años y diez meses por los delitos de cohecho, como cooperador necesario, contra el mercado y los consumidores y falsedad continuada en documento mercantil.

 

Saavedra, además, por el delito de cohecho debe abonar una multa de 50.000 euros, mientras que la impuesta a Antón se eleva a 520.000 euros.

 

El exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, deberá presentarse este martes para conocer la decisión de si ingresa o no en la cárcel.

  

La sentencia, dictada el 3 de septiembre, los condenó tras declarar probado que participaron en la trama que permitió que entre los años 2003 y 2004 el constructor Antón Marín pagara sobornos a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un valor de 250.000 euros para que se le adjudicaran contratos para la construcción de viviendas de protección oficial.

  

Luis del Río, fiscal Anticorrupción, pidió al TSJC que los convocara a la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque tiene la intención de solicitar de la Sala que aplique a los tres condenados “medidas cautelares de carácter personal”, o sea, el ingreso en prisión, sin necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que interpondrán contra la sentencia del caso.

  

A José Luis Mena, exjefe de Urbanismo de Telde, le impusieron seis años y 10 meses de prisión por cohecho continuado y falsificación en documento oficial, a Antón Marín, promotor inmobiliario y gestor del Grupo Europa, cinco años de cárcel por cohecho continuado y un delito contra el mercado, y a Saavedra, ex gerente de la empresa municipal Urvitel (hoy Fomentas), cuatro años y 10 meses de prisión por cohecho continuado y un delito contra el mercado y los consumidores.

  

El fiscal justifica su solicitud de medidas cautelares en el riesgo de fuga de los tres encartados. Funda sus sospechas en la naturaleza y la duración de las penas que se les ha impuesto, en “el patrimonio del que disponen” o en el propio domicilio de alguno de los condenados, que en el caso de Antón Marín, está registrado fuera de España.

  

Entre los condenados también se dictó prisión contra el funcionario Pedro Pablo Santana, pero como no llega a dos años y no tiene antecedentes, no irá a la cárcel.

  

Antón Marín llegó a Telde de la mano del diputado regional del PP, Jorge Rodríguez, que ha sido absuelto en la sentencia, y éste le puso en contacto con la entonces edila de Vivienda, María Antonia Torres, también del PP y ya fallecida. Marín, al frente del Grupo Europa, se proponía levantar 2.000 viviendas de protección (unas 365 al año) en régimen de cooperativa. Según el fallo del TSJC, para asegurarse el negocio, Marín pagó comisiones a los funcionarios Mena y Santana, ambos de Urbanismo, y también al gerente de la empresa municipal de Vivienda, Saavedra.