Caso Europa: La Justicia condena a Mena, exjefe de Urbanismo de Telde, a seis años y 10 meses de cárcel

Telde.- La sentencia del caso Europa absuelve al diputado del Partido Popular por Gran Canaria Jorge Rodríguez y fija penas de entre 4 y 5 años de cárcel para Mena, Antón y Saavedra. En concreto, José Manuel Antón Marín es condenado a penas que suman 5 años y un mes; Juan Carlos Saavedra a un total de 4 años y un mes; José Luis Mena, a 6 años y 10 meses; Pedro Pablo Santana a un año y cinco meses; y Benítez Cambreleng (que era también denunciante) a 6 meses y multa.

 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha absuelto al diputado del PP Jorge Rodríguez en el denominado caso Grupo Europa, una pieza separada del caso Faycán de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde. La Fiscalía le imputaba dos delitos de tráfico de influencia y solicitaba un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación para empleo público.

 

En la sentencia dada a conocer este miércoles, los magistrados consideran probado que Rodríguez intercedió a favor del Grupo Europa, pero no la intensidad de la presión que ejerció para que esta empresa ganase un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa. El TSJC aplica el principio in dubio pro reo para absolver al parlamentario popular, por el que, en caso de duda por insuficiencia probatoria, se favorece al imputado.

 

La Sala sí condena a José Luis Mena, jefe de Urbanismo del Consistorio en la época de los hechos denunciados, a casi siete años de cárcel por recibir sobornos y falsificar documentos. En concreto es penado por dos delitos. Por un lado como autor de cohecho previsto y penado con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de dos años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de cincuenta y cinco mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por ocho años.

 

Por otro lado como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial, concurriendo la atenuante de la responsabilidad criminal a la pena de cuatro años y siete meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 200 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada cuota diaria no satisfecha, e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración autonómica local o estatal por cuatro años y un mes.

 

Por otro lado, el funcionario municipal de Telde, Pedro Pablo Santana es autor de dos delitos. En concreto como cómplice de cohecho, con de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de un año y cinco meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de veintidós mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por cinco años.

 

Por otro lado como autor responsable de un delito de cohecho previsto y penado, con la atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de cincuenta y cinco mil euros con responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad y suspensión para todo empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un año y cinco meses. 

 

El exgerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, ha sido condenado a cuatro delitos. Como cooperador necesario, responsable penalmente de un delito de cohecho previsto y penado con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de dos años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de cincuenta y cinco mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por ocho años.

 

Como autor responsable de un delito de prevaricación previsto y penado, concurriendo la referida atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público en la administración local, autonómica o estatal por siete años.

 

Además, como responsable de un delito contra el mercado y los consumidores, con la concurrencia de la atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

 

Y por último como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de un año y diez meses de prision, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de nueve meses, con una cuota diaria de dos cientos euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

 

El empresario José Manuel Antón es autor responsable de un delito continuado de cohecho y, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de cuatro años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de quinientos veinte mil euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad.

 

También es responsable de un delito contra el mercado y los consumidores, con la atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

 

Por su parte, el denunciante del caso Francisco Benítez Cambreleng es autor de un delito continuado de cohecho, como cómplice, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, así como la muy cualificada de confesión, a la pena de seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derechos de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de dieciséis mil quinientos euros, con responsabilidad subsidiaria de un mes de privación de libertad.

 

Además es autor delito de falsedad en documento mercantil, con la atenuante analógica de dilaciones indebidas y confesión, a la pena de un mes y quince días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y multa de un mes y quince días, con una cuota diaria de quince euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

   

También es absuelta Verónica García Melgar, esposa de Juan Carlos Saavedra.

 

La sentencia también especifica que deberán pagar las costas los condenados. En concreto, José Manuel Antón Marín, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, José Luis Mena Santana, Pedro Pablo Santana Marrero y Francisco José Benítez Cambreleng en la proporción de 1/7 partes a cada uno de ellos. Se declara las costas de oficio en relación a los acusados absueltos.

  

La sentencia impone penas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, especialmente al aplicar el atenuante de dilación indebida. El Ministerio Público reclamaba cinco años y seis meses de prisión y una multa de 600.000 euros para el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón. Le acusaba de cohecho y de otro delito contra el mercado y los consumidores.

 

El diputado del PP, Jorge Rodríguez, estaba acusado de tráfico de influencia por partida doble, delitos por el que solicita un año y ocho meses de cárcel, cinco de inhabilitación y una multa de 120.000 euros.

 

También reclamaba para Carlos Saavedra, gerente de Urvitel, seis años de prisión y multa de 90.000 euros por prevaricación, cohecho, contra el mercado y falsedad, así como dos años de cárcel para su esposa por un delito continuado de falsedad.

 

El exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, se enfrentaba a ocho años de prisión y multa de 90.000 euros por falsedad y cohecho, mientras que el responsable de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, se exponía a tres años de cárcel y multa de 180.000 euros por cohecho.