Avance: Varapalo judicial a la arquitecta municipal que denunció acoso laboral por su traslado de Urbanismo a Educación

Telde.- La arquitecta municipal María Jesús Santana ha perdido el pleito judicial que interpuso por acoso moral en el trabajo contra la decisión del concejal de Urbanismo, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Telde, Pablo Rodríguez, de trasladarla al departamento de Educación. La Justicia ha desestimado su demanda al considerar que no ha quedado acreditada la situación de mobbing y hostigamiento denunciada. Santana deberá pagar las costas del procedimiento, según ha podido saber TELDEACTUALIDAD.

 

A esta funcionaria interina no le gustó su traslado desde la sección de Planeamiento y Gestión de Urbanismo al área de Educación, que se hizo efectivo en marzo de 2014, y se agarró a una demanda por una supuesta situación de acoso moral en el trabajo que en la demanda afirmaba que padecía desde junio de 2013, fecha en la que el concejal Pablo Rodríguez asume el área de Urbanismo y el técnico Antonio Sarmiento es nombrado jefe de servicio.

 

Santana alegó que desde aquel entonces comenzó a sufrir restricciones en el acceso a las labores designadas a su puesto de trabajo y “como consecuencia de las denuncias formuladas” fue apartada definitivamente de Urbanismo y adscrita a Educación para llevar la supervisión técnica de las obras de los 33 centros de Infantil y Primaria y Centro Ocupacional de Telde hasta que culminen los trabajos.

 

Para la empleada, este traslado fue una “represalia o sanción encubierta” por parte del jefe de servicio de Urbanismo por haber denunciado de forma reiterada la situación de obstaculización de sus funciones de arquitecta.

 

Sin embargo, la magistrada María del Carmen Monte Blanco, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, no lo ve así al concluir que “más allá de las posibles discrepancias personales y profesionales que pudieran existir en el servicio” no aprecia una situación de acoso sistemático y hostigamiento tendente a marginarle y a provocar su desprestigio personal o profesional.

 

Así, la jueza desmonta la tesis de la funcionaria de que no se le estaban pasando expedientes para informe cando la propia demandante reconoce que a dicha fecha poseía 94 expedientes pendientes de pronunciamiento técnico, “algunos de ellos desde hacía más de un año”.

 

También se cae por su propio la denuncia de Santana de que no disponía de teléfono en su mesa, una situación de la que no es la única perjudicada ya que el Ayuntamiento aportó un plano de la oficina donde trabajaba en Urbanismo y quedó probado que es un espacio diáfano en la que se ubican diferentes mesas de trabajo en las que existen otros teléfonos de los que podía hacer uso.

 

La magistrada determina que Santana no puede alegar “ni siquiera de forma indiciaria” que su traslado a Educación fuera una represalia y mucho menos que haya sufrido una situación de hostigamiento o de conducta abusiva o violencia psicológica. Sólo ha quedado probada la existencia de una mala relación personal o profesional con sus superiores jerárquicos.

 

Santana que se acogió a una baja médica tendrá que pagar las costas del procedimiento judicial. La sentencia puede ser apelada en el plazo de 15 días.