TELDEACTUALIDAD
Telde.- La magistrada Victoria Rosell ha cuestionado este miércoles la decisión del presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, de retrasar el señalamiento del juicio del Caso Faycán para después de las elecciones municipales de 2015. La portavoz a nivel nacional de Jueces para la Democracia entiende que no hay ninguna previsión legal que ampare este tipo de determinación.
En declaraciones al programa Hoy por hoy – El drago, de Cadena Ser, mostró sus respetos al magistrado, pero entiende que no es lógico que se posponga una causa judicial de esta magnitud casi un año después de estar lista para celebrarse la vista oral.
Rosell explicó que la Ley regula las garantías para evitar interferencias judiciales en los procesos políticos, pero no prevé nada al respecto. “Al entender de nuestra asociación, si no hay excepción legal hay que estar al régimen general”, sostuvo.
En este sentido puso como ejemplo un caso en que la decisión judicial fue todo lo contrario. Se refirió a la petición del alcalde de Valladolid de cambiar la fecha de un juicio por ser cercana a un proceso electoral y tanto el Juzgado como la Fiscalía lo desestimaron. En ese momento alegaron que el calendario de señalamientos es ajeno al electoral. “Y pensamos que así es, si no está regulado en la Ley hay que estar al régimen general”, insistió.
La Justicia alegó en el caso anterior que tampoco era seguro que el político se presentara como candidato en las elecciones, situación similar a la de Mari Carmen Castellano. La magistrada afirmó que tampoco se sabe que sea candidata a alcaldesa en 2015. Por ello considera que este tipo de elecciones no deberían situarse por encima del interés de la Ley, y porque podría conllevar que se tuviera que aplicar posteriormente el atenuante de dilación indebida.
Como ejemplo puso el juicio del denominado Caso Europa, que culminó en abril en pleno proceso electoral de las europeas. Aún así se celebró y aún está pendiente de sentencia.
“Mejor no innovar demasiado”
“Lo que no está previsto en la Ley es mejor no innovar demasiado”, puntualizó la jueza. Por ello considera que si hay un señalamiento pendiente, hay que hacerlo porque “el interés público debe tener preferencia”.
“No se pueden hacer lecturas malintencionadas”
Sobre el hecho de que Emilio Moya hubiera sido años atrás viceconsejero de Justicia con María Australia Navarro (PP), explicó que no podría valorar que esa haya sido la causa “porque estaríamos hablando de una motivación ajena a la Ley”. Rosell no quiere hacer lecturas malintencionadas “porque estaría actuando fuera de la Ley” y en este caso lo hace como presidente de la Audiencia y no como cargo político. Aunque sí entiende que podría haberle influido el hecho de que es más consciente de los pasos políticos que el resto de los jueces. Por eso mismo entiende que debería someterse el Caso Faycán a la regla general de señalamiento y no tener en cuenta las elecciones.
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