Nueva Canarias denuncia el intento de otorgar mayorías absolutas con el 40% de los votos

Telde.- Nueva Canarias considera que el PP pretende conservar alcaldías, pese al significativo retroceso que va a sufrir en las elecciones de mayo de 2015, modificando la ley en función de sus particulares intereses. Ese y no otro es el objetivo de los conservadores cuando se plantean otorgar la mayoría absoluta a los partidos que superen el 40% de los votos en un ayuntamiento, aunque no hayan logrado la mayoría absoluta en número de concejales.

 

NC entiende que la medida anunciada por el PP pretende fortalecer el bipartidismo y, al tiempo, trata de impedir que en corporaciones locales donde los conservadores no obtengan mayoría no se puedan articular mayorías alternativas mediante el legítimo pacto entre otras formaciones políticas.

 

Aunque la modificación legislativa pueda tener un fuerte aroma bipartidista, en la actual situación, con el PP por delante en las encuestas, un PSOE debilitado y una izquierda muy fragmentada, se convierte en un traje a la medida para el partido de Mariano Rajoy que, pese a ello, tiene muy difícil mantener alcaldías como las de Madrid o Valencia, como señalan distintos sondeos.

 

Desde Nueva Canarias se señala que, con toda seguridad, el PP perderá también la Alcaldía en Las Palmas de Gran Canaria, donde en plena ola conservadora sacó la mayoría absoluta en los pasados comicios locales con el 43,21% de los votos; en 2015 se alejarán mucho de ese dato.

 

Convertir esta medida interesada, como intenta hacer el PP, en una acción de supuesta “regeneración democrática” es un ejercicio de cinismo. Se dan casos de gestiones irresponsables, de mal uso de los recursos públicos, de escasa transparencia o de corrupción urbanística en corporaciones con mayorías absolutas y en otras con gobiernos plurales. Es más, muchos de los ejemplos de mayor corrupción, en Valencia o en Madrid, se han dado con mayorías absolutas.

 

Lo que se precisa es absoluta transparencia en la gestión, defensa permanente de los intereses públicos y dureza contra la corrupción, la especulación urbanística, el enchufismo y todas las malas prácticas en cualquier nivel institucional. Mejorando, asimismo, los sistemas electorales para que estos sean más proporcionales –como ocurre en Canarias con las injustas barreras electorales y la desproporcionada distribución de los escaños-, introduciendo las consultas populares, estableciendo la obligatoriedad de los debates electorales y límites estrictos al gasto de las campañas e impidiendo la condonación por parte de la banca de la deuda contraída por los partidos.