CCOO baraja una querella contra el jefe de la Policía por retención ilegal en el pregón de Soria

Telde.- Una querella contra el jefe de la Policía Nacional en Canarias, Valentín Solano, planea como consecuencia del pregón de San Juan de Telde que el pasado 11 de junio pronunció el ministro José Manuel Soria en la ermita de San Pedro Mártir, mientras un millar de personas se manifestaban en el exterior con consignas contra el titular de Industria a la sombra de las prospecciones petrolíferas.

 

Comisiones Obreras anunció este jueves que baraja formular ese procedimiento por la retención, ilegal, a juicio del sindicato, de Juan Miguel Suárez Santana, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones, según publica Cadena Ser. Su secretario general, Juan Jesús Arteaga, recuerda que su compañero acudió al acto "como ciudadano" y se le impidió acceder cuando un pregón debe ser un acontecimiento público, y no privado.

 

El caso del sindicalista Juan Miguel Suárez es, según apuntan UGT, Comisiones Obreras y el sindicato CoBas, un ejemplo de las actuaciones penales ejercidas contra los representantes de los trabajadores, unos 200 en toda España, en diversas situaciones de protesta o manifestaciones contra la vulneración de derechos de los trabajadores.

 

Según los sindicatos, la penalización a delegados sindicales, como el caso de Santana durante la celebración de un pregón festivo, forma parte de la "campaña de desprestigio mediático" a las organizaciones sindicales que se viene ejerciendo desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de España en 2011. Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias, asegura que pese a esos intentos, los sindicatos no se sienten abandonados por los ciudadanos y advierte de que seguirán ejerciendo sus derechos democráticos aunque les repriman.

 

Los sindicatos CCOO, UGT y CoBas, que se concentrarán a favor del derecho a la huelga y la libertad sindical el 9 de julio ante las sedes de la Administración del Estado en las dos capitales canarias, pedirán al Parlamento autonómico que se posicione contra la penalización a sindicalistas.