NC ve el nuevo fallo del TSJC sobre San Rafael como ejemplo de "desidia e inoperancia política" del Gobierno de Telde

Telde.- Nueva Canarias Telde insta al Gobierno a acabar con la práctica política de anteponer los intereses particulares a los de la ciudad y le exige que cumpla la sentencia que anula la permuta de la finca de San Rafael. Los nacionalistas enjuician el nuevo fallo del TSJC como un nuevo ejemplo gravísimo de “desidia e inoperancia política” e incluso de lo que los juzgados definieron al referirse a las razones de la permuta como “oscuros y ocultos intereses”.

  

Tras conocer la sentencia firme –sin posibilidad de recurso- del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que insta tanto al Ayuntamiento de Telde como a Iniscán a ejecutar el fallo judicial de 2007 que anuló la permuta suscrita por ambas partes para intercambiar las parcelas ubicadas en la llamada ‘milla de oro’ de Marpequeña por la finca de San Rafael, Nueva Canarias Telde ha lamentado que se vuelva a poner de manifiesto lo que este grupo viene repitiendo desde 2003 respecto a los gobiernos del Partido Popular con sus colaboradores necesarios en cada momento: Que no trabajan por el interés colectivo, por el bien de la ciudad de Telde, sino por intereses particularísimos.

 

Para los nacionalistas, estamos ante un nuevo ejemplo “gravísimo” de “desidia e inoperancia política”, e incluso de lo que los propios juzgados definieron literalmente en 2008, al referirse a las razones de la permuta en cuestión , como “oscuros y ocultos intereses”.

 

Cabe recordar que la permuta se realizó en el año 2004, cuando gobernaba el PP con el apoyo de CIUCA y el señor Valido al frente, el periodo más negro en la historia de la ciudad -2003/2007- por lo que se refiere a los presuntos escándalos de corrupción enmarcados en el caso Faycán. Según la permuta, Telde se hacía con una finca, la de San Rafael, de 144.000 metros cuadrados en La Higuera Canaria, a cambio de entregar a su propietario, Iniscán, del grupo Santana Cazorla, varias parcelas en Marpequeña.

 

Desde el primer instante, NC –junto a otros grupos de la oposición- se personó en los Juzgados por entender que la permuta lesionaba gravemente los intereses de la ciudad. En 2007, efectivamente, la Justicia lo corrobora anulando la permuta e incluso –después de sendos recursos interpuestos por el PP e Inescán para intentar no cumplir el primer fallo- poniendo de manifiesto que era totalmente injustificable y “escandaloso” que el Gobierno municipal hubiera comprado esa finca por 6,3 millones de euros cuando hacía un mes escaso, había sido adquirida por Iniscán por valor de 2,5 millones de euros. Es decir, que teniendo el Ayuntamiento una “valoración incontestable” –como dicen los magistrados- del valor de la finca como era la escritura pública de la compra de la finca sólo un mes antes, ésta generó una plusvalía de 4 millones de euros, y con ella, se permutó la finca por unas parcelas que valían seis millones.

 

Cuando NC entra en el Gobierno, trabajó intensamente para resolver el entuerto, mientras Iniscán seguía alegando que la devolución de las parcelas era imposible porque las había hipotecado a terceros. El expediente, por fin, estaba muy avanzado cuando de nuevo, en 2011, llega el PP y CIUCA - con sus acompañantes necesarios- al Ayuntamiento y lejos de rematar el trabajo en defensa de los intereses de la ciudad, de recuperar para ella unos terrenos mucho más valiosos, trabaja de nuevo en la línea opuesta; empieza a recurrir la sentencia alegando que la devolución también era imposible por parte del Ayuntamiento debido al mal estado de la finca de San Rafael.

 

Una situación de abandono real pero que, como bien dice el TSJC en este último fallo, es responsabilidad exclusiva del propietario de la finca, es decir, del Ayuntamiento. Sólo por su desidia se ha llegado a esa situación y no es excusa para paralizar el cumplimiento de la sentencia.

 

En definitiva, el Consistorio tiene ahora que devolver la finca a Iniscán y ésta las parcelas a la ciudad, y NC al respecto sólo quiere insistir en que se trata de otro caso clarísimo de “falta de voluntad política para cumplir la ley en todo lo que tiene que ver además con los intereses siempre de una misma empresa”, y volver exigir al Gobierno que acabe ya con esta práctica política de no defender los intereses generales, ya sea por dejación o por “oscuros e inconfesables intereses”, y ejecute la sentencia.