Gómez del Castillo: "La Mareta es un tema muy serio y lo que tenga que decir lo diré primero en el Juzgado"

Telde.- El empresario Julián Gómez del Castillo no ha querido hacer una valoración de la imputación de la alcaldesa de Telde, el ex concejal de Urbanismo y el secretario municipal tras una denuncia interpuesta por él en 2013. Ha asegurado a TELDEACTUALIDAD que este asunto judicial de La Mareta “es un tema muy serio y lo que tenga que decir lo diré primero en el Juzgado”.

 

El titular de Urbagest mostró su extrañeza por el hecho de que esté citado el próximo 23 de junio como denunciante, mientras que los imputados, entre los que se incluye también a Ambrosio Jiménez y al exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, tengan que acudir a declarar el próximo viernes. Sin embargo, el empresario asegura que muestra su “respeto absoluto” a la Justicia. Por ello no realizará ninguna declaración pública hasta no comparecer ante la jueza Virginia Peña, que instruye el caso.

 

Tal y como publicó este periódico digital este miércoles, la magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, ha citado en calidad de imputados a la alcaldesa Mari Carmen Castellano, al exedil de Urbanismo, Francisco López, al secretario Ángel Sutil, al exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, y al empresario Ambrosio Jiménez, por la compra a este promotor urbanístico de un solar de 6.500 metros cuadrados en La Mareta. 

 

Según la providencia dictada el pasado 29 de mayo, el Juzgado investiga, a raíz de una denuncia presentada por el empresario Julián Gómez del Castillo en junio de 2013, presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y desobediencia grave a la autoridad judicial en el expediente por el que el Ayuntamiento acordó y firmó un convenio con Proyectos Inmobiliarios Las Arenas, propiedad de Ambrosio Jiménez, para recuperar una parcela de 6.500 metros cuadrados de La Mareta que se le vendió en 2005. Se fijó un precio, 13,2 millones de euros, que se le pagaron en 2012 con cargo a un préstamo avalado por el ICO. El representante de Urbaser siempre mantuvo que hubo irregularidades en todo el proceso y por ello lo puso en conocimiento de la Justicia.

 

Esa compra buscaba cumplir con una sentencia, ya firme, que obligaba al Ayuntamiento a recuperar ese solar, que pertenecía a las llamadas parcelas P-1-y P-2 de La Mareta, y a poner ambas otra vez a disposición del empresario Julián Gómez del Castillo, al que en 2003 el gobierno de PP y Ciuca le quitó la concesión para levantar y explotar un centro comercial y hasta un hotel.

 

La investigación sospecha de que el convenio para recuperar ese solar, al que se dio curso en el Pleno del 23 de diciembre de 2011 y se firmó a principios de enero de 2012, se llevó a efecto con una ligera variación respecto a lo aprobado. La cláusula donde decía que Telde recuperaría la titularidad del solar a la firma del convenio se sustituyó por otra que lo dejaba para cuando Ambrosio cobrara, es decir, varios años después, lo que retrasaba el cumplimiento de la sentencia. Un convenio que el Ayuntamiento tardó meses en entregar a Julián Gómez del Castillo pese a sus reiteradas peticiones para tener una copia del original. “Un documento clave” según el denunciante.

 

Sin embargo, dos meses después el Consistorio ve la posibilidad de pagar el solar de una tacada con cargo a uno de los préstamos avalados por el ICO, de tal forma que el 31 de mayo de 2012 se le ingresan a Ambrosio Jiménez los 13,2 millones, pese a que dos días antes se había recibido una notificación judicial que les alertaba de que el Pleno donde se aprobó el convenio, el de 2011, había sido anulado. Es decir, el pago se hizo sin convenio que lo amparase. Abono que además presenta irregularidades según el Tribunal de Cuentras tras una denuncia de Más por Telde.

 

El empresario sigue, 10 años después, sin tener a su disposición las parcelas tras la concesión que el Consistorio le dio en 2002 para levantar y explotar un centro comercial y hasta un hotel. Gómez del Castillo aseguró a este diario digital que pese a haber mantenido varias reuniones con el nuevo edil de Urbanismo, Pablo Rodríguez, éste sólo tiene “palabras, palabras pero inactividad” ya que aún no ha hecho nada para solucionar este complicado asunto que lleva un década en los juzgados.