El juicio por el Caso Europa queda visto para sentencia

Telde.- La vista oral por el Caso Europa, una investigación que trata de dilucidar la existencia de una supuesta trama de corrupción urbanística en Telde, ha quedado vista para sentencia este viernes después de que las partes expusieran sus conclusiones finales. Las defensas de los siete acusados reiteran la inocencia de sus clientes, mientras que el fiscal mantiene las penas reclamadas al inicio del juicio, a excepción de la de Benítez Cambreleng, denunciante y también imputado.

 

Este viernes, los abogados de los siete imputados han expuesto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sus conclusiones finales. Las defensas han insistido en la inocencia de los acusados y han señalado que toda la investigación policial responde a una conspiración política con “claros” intereses.

 

Han vuelto a pedir la nulidad de la causa ya que entienden que todo el proceso se trata de una "obra de ingeniería jurídica y mediática" orquestada en vísperas de unas elecciones autonómicas. La vista oral se inició el pasado 17 de enero y será el último juicio de José Ramón Navarro como magistrado del TSJC antes de que se incorpore a su puesto como presidente de la Audiencia Nacional.

 

En la jornada de ayer jueves, el fiscal Luis del Río se reafirmó en sus peticiones de cárcel contra los siete procesados, a los que se les acusa de pagar o cobrar sobornos para favorecer a Gestiones de Cooperativas Europa en sus tratos con el Ayuntamiento de Telde para construir viviendas sociales.

 

El fiscal delegado contra la Corrupción y el Crimen Organizado en Las Palmas, que atribuyó al parlamentario del PP Jorge Rodríguez un papel “clave” y “fundamental” en la trama de comisiones ilegales, sólo modificó sus conclusiones respecto al denunciante de los hechos, Francisco José Benítez Cambreleng, para quien rebajó a la mitad la pena solicitada, precisamente por colaborar con la Administración de Justicia y revelar la existencia de los sobornos.

 

El exgerente de Grupo Europa en Gran Canaria se enfrenta ahora a seis meses y quince días de prisión como cómplice de un delito de cohecho (antes estaba acusado de colaborador necesario), así como a una multa de 16.500 euros y una sanción de 675 euros por un delito de falsedad documental.

 

Del Río, en un informe de tres horas, repasó de forma minuciosa toda la prueba practicada durante estos tres meses de juicio, al tiempo que reclamó a la Sala de lo Penal del TSJC una condena conforme a su escrito de calificación, según publica La Opinión de Tenerife.

 

“No compartimos la opinión de que todos los políticos son unos corruptos, pero hay que reaccionar ante el nivel de corrupción al que hemos llegado en este país”, subrayó el fiscal al final de su intervención, sobre las 14.30 horas, cuando ya había desgranado la parte más técnica de su informe y aludió a datos estadísticos de diferentes colectivos para lanzar una reflexión sobre la corrupción en España, tan vinculada al boom de del sector de la construcción y la especulación en los negocios sin escrúpulos.

 

El fiscal admitió que se trata de delitos complejos y difíciles de perseguir, pero insistió en que la prueba practicada es “bastante sólida y contundente” para condenar a todos los procesados. No sólo se basa en la confesión de Cambreleng, sino en la corroboración de su declaración con datos extraídos de la documentación intervenida en los registros policiales, tales como pliegos de condiciones para amañar concursos, hojas de contabilidad con el pago de 240.000 euros en comisiones, facturas para encubrirlas sobre cursos informáticos no realizados o una relación de las cantidades pactadas que, según la pericial practicada, fue escrita por María Antonia Torres en una hoja suelta extraída de un bloc de un hotel de Venecia en el que estuvo de vacaciones. Torres, ya fallecida, era concejal de Obras, delegada de la empresa municipal Urvitel y principal imputada en el procedimiento hasta su muerte.

 

De esta manera, el representante del ministerio público reclama cinco años y seis meses de prisión y una multa de 600.000 euros para el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón. Le acusa de cohecho y de otro delito contra el mercado y los consumidores, pues considera acreditado que abonó 240.000 euros a políticos y técnicos entre 2003 y 2006 para construir viviendas sociales. Su empresa logró un contrato de asesoramiento para levantar dos promociones, pero la cooperativa aspiraba a edificar 365 pisos al año con el “gancho electoral” de las casas de protección oficial.

 

En ese contexto interviene Rodríguez, quien, según el fiscal, empleó su condición de parlamentario y de “hombre fuerte” del PP para introducir a Grupo Europa en Telde. Resalta Del Río que el diputado puso en contacto a Antón con la edila Torres y participó en dos reuniones: una con el exalcalde Francisco Valido y otra con la concejala Sonsoles Martín, con el objetivo de ejercer su ascendencia política sobre ellos para desbloquear los proyectos. De ahí que lo acuse de tráfico de influencia por partida doble, delitos por el que solicita un año y ocho meses de cárcel, cinco de inhabilitación y una multa de 120.000 euros.

 

También reclama para Carlos Saavedra, gerente de Urvitel, seis años de prisión y multa de 90.000 euros por prevaricación, cohecho, contra el mercado y falsedad, así como dos años de cárcel para su esposa por un delito continuado de falsedad. Según el fiscal, Saavedra informó a favor del contrato de asesoramiento y cobró 22.000 euros en comisiones.

 

El exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, se enfrenta a ocho años de prisión y multa de 90.000 euros por falsedad y cohecho, mientras que el responsable de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, se expone a tres años de cárcel y multa de 180.000 euros por cohecho. El fiscal entiende que cobraron una comisión cada uno de 30.000 euros por desbloquear las primeras licencias para construir las dos promociones de Las Jardineras.