Avance: El TSJC anula el plan de pago de las sentencias por expropiaciones y el Gobierno de Telde anuncia recurso

Telde.- El acuerdo plenario del Ayuntamiento de Telde, adoptado el 28 de junio de 2013, por el que se fijó un plan de pagos a particulares de la deuda derivada de sentencias por expropiaciones de suelo, devenidas del PGO vigente, ha sido anulado mediante un auto dictado el pasado 18 de marzo por la Sección Segunda Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.

 

El Gobierno municipal ha anunciado que recurrirá este fallo que se produce después de cuatros resoluciones consecutivas del mismo tribunal que desestimaban la propuesta razonada de pago formulada por el Consistorio a los Juzgados y le daba un plazo de 15 días para que motivara los ingresos y pagos que la justificaban.

 

El ultimo fallo judicial ha sido acogido con “sorpresa” por el Ejecutivo que preside Mari Carmen Castellano, en la medida que desde la Institución municipal se ha respondido a los cuatros autos, uno de fecha 7 y tres del 13 de marzo, haciendo ver a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de que el cumplimiento de las sentencias que le obligan al desembolso de importantes indemnizaciones que suman en conjunto más de 62 millones de euros ocasionaría “graves trastornos” a la Hacienda municipal, de ahí que aprobara un plan que reparte en 30 años, entre 2017 y 2046, el esfuerzo económico que tiene que soportar el Consistorio para atender estos pagos.

 

Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazan la propuesta de abono razonada para cada uno de estos cinco casos y argumentan, en el auto de fecha 18 de marzo, que el acuerdo plenario que aprobó el plan de pago “supone un intento de eludir el cumplimiento de diversas sentencias” que obligan al pago del justiprecio de expropiaciones realizadas hace más de una decena de años.

 

En el caso concreto de los propietarios de una finca expropiada en Picachos con destino a plaza pública desde 1986 con un precio de retasación fijado en 2,1 millones de euros, el órgano jurisdiccional patentiza que “pretender”, como hace el citado acuerdo plenario, “que el pago de dicha expropiación comience en 2018 y se prolongue hasta el año 2047 constituye un ejemplo paradigmático de la intención de incumplir las sentencias firmes dictadas y conculcar las más elementales obligaciones impuestas a las Administraciones y, por ello, viola derechos constitucionalmente consagrados”.

 

Por ello, la Sala emplaza a la Alcaldía de Telde a que sustituya el acuerdo anulado y aprueba y presente una propuesta razonada para el cumplimiento de estas sentencias. Ve como “excusa” que el Consistorio se ampare en la grave situación de la Hacienda local, con una deuda de más de 62 millones de euros correspondientes al pago de expropiaciones, situación que los magistrados afirman reconocer, pero rechazan el balance de ingresos y gastos que se aporta en las propuestas razonadas de pago por cuanto “se incluye una partida de más de 22 millones de euros como otros pagos y sin justificar que puedan ser considerados como más prioritarios que las deudas contraídas por expropiaciones consumadas hace más de una década”.

 

Es más, la Sala requiere al Ayuntamiento para que detalle las cantidades presupuestadas para cubrir los servicios propios legalmente exigibles y aquellas que no sean prioritarias como las consignaciones a los grupos políticos, retribuciones a cargos electos y personal de confianza y los gastos en asistencia técnica y asesoramiento de cualquier índole, además de las partidas destinadas subvenciones y sus destinatarios.

 

La sorpresa del Gobierno municipal ante el auto del 18 de marzo no la podían ocultar este lunes la alcaldesa Mari Carmen Castellano ni el coordinador de Economía y Hacienda, Darío López, al dar cuenta del pronunciamiento de la Sala del Alto Tribunal canario, que será recurrido puesto que les resulta inexplicable que se anule un acuerdo plenario sin haber presentado previamente un recurso. Además avanzaron que los servicios jurídicos estudian ya un nuevo plan que sustituirá al anulado ahora.

 

Tanto la primera edila como López dejaron claro que la intención del Ayuntamiento es pagar a los afectados por las expropiaciones, pero en un marco que afronte el problema de forma global y no particularizada, tal y como lo fijaba el plan que se aprobó en la sesión de junio de 2013 para evitar la quiebra económica de la Institución.

 

El coordinador de Economía y Hacienda puso la mesa que la imposibilidad del Consistorio de pagar el cúmulo de sentencias por expropiaciones viene dada porque por Ley el pago de la deuda financiera con las entidades bancarias goza de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto y a que la Institución no puede contraer más préstamos para pagar a los afectados por las expropiaciones porque el volumen de endeudamiento supera más del doble del permitido.

 

López explicó que el inicio del pago a los afectados por los expropiaciones se fijó a partir de 2017 porque en ese año está previsto que comience la reducción del endeudamiento financiero, lo que permitirá destinar dichos fondos al pago de las sentencias.