La alcaldesa de Telde asegura que su intención es acabar con "la agonía" de los retrasos a Gestel al suprimir encomiendas

Telde.- La alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, aseguró este lunes que su intención es que la situación de retrasos en el pago de las nóminas a la plantilla de Gestel no se vuelve a repetir y terminar así con "la agonía" que sufren los trabajadores que comenzaron una huelga indefinida.

 

La primera regidora explicó que tras retirarle a la empresa pública la encomienda de Comunicación y de la Universidad Popular se garantiza su viabilidad y que no se sigan produciendo el pago de los sueldos tras varios meses de espera.

 

Por su parte, la plantilla que ha comenzado una protesta en la plaza de San Juan, no cree las promesas de Castellano. Varios trabajadores entraron pacíficamente esta mañana, con sus camisetas negras en señal de protesta, a una rueda de prensa que se realizaba en las Casas Consistoriales.

 

Miembros del comité de empresa apuntaron que los ciudadanos se deberían de plantear quién es más carga para el municipio, si los trabajadores de Gestel o los políticos.

 

Castellano adelantó que la pasada semana se realizó la transferencia de una factura, por lo que los trabajadores ya han podido cobrar una mensualidad, la de febrero, aunque aún se adeuda la de marzo.

 

La intención es que se pueda pagar durante esta semana el mes de salario que se le adeuda. Para ello se ha reunido con el edil Pablo Rodríguez, que sustituye a Daniel Martín que se encuentra de vacaciones, y firmar así una nueva certificación. La intención es agilizar lo máximo posible el abono.

 

La alcaldesa apuntó también este lunes que existen informes desfavorables para cambiar la prelación de pagos a Gestel, que figura como proveedores y no como empleados municipales. Por ello, afirmó que no se cambiará el orden. Cuestión que reclama la plantilla, que asegura que hay hasta tres informes favorables a la modificación, pero que “han desaparecido”.

 

Ahora se preguntan si se podrán seguir pagando las nóminas tras suprimir la encomienda de la Universidad Popular que implica el despido de cinco trabajadores y el pago de las indemnizaciones.