NICOLÁS GUERRA
La absolución del exconcejal teldense señor Jiménez por la Sección Primera de la Sala de la Audiencia Provincial de Las Palmas me conduce a distintos acontecimientos que son actualidad, ya porque afecten a lo que se llama la Jurisdicción Universal de la justicia, ya porque determinadas actuaciones políticas han llevado a algunos jueces a levantar sus voces en contra de limitaciones a la acción judicial, como veremos más abajo.
Se trata, en definitiva, de temas relacionados con la actividad política –es decir, de los Gobiernos- en torno a variados aspectos que afectan directamente a los juzgados. O lo que es lo mismo, nos encontramos con el a veces muy frívolo comportamiento de quienes están en el poder –de hoy, sí; pero también de ayer- que se apoyan en mayorías absolutas o en pactos para introducir, cambiar o limitar algunos aspectos relacionados con la cuestión legal. Como, por ejemplo, la posibilidad de que jueces españoles –es la Jurisdicción Universal- puedan seguir investigando delitos cometidos más allá de las fronteras del país: es el caso de don José Couto, cámara de televisión, asesinado por soldados del ejército norteamericano en Irak. Pero vayamos por partes.
En primer lugar, me alegra saber que el señor exconcejal de Nueva Canarias ha sido absuelto tras la condena inicial impuesta por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Las Palmas. La Audiencia Provincial considera que su actuación no fue delictiva. (“Incluso no descartan una posible conspiración”, leo en TELDEACTUALIDAD). Por tanto, revoca la condena de dieciocho meses de cárcel. Y como afirma que no hubo delito, doble acción justa en cuanto que se exime al señor Jiménez de toda responsabilidad y, además, corrige un extraño fallo anterior. Lo cual demuestra, en contra de quienes han impuesto el pago de las apelaciones sobre la gratuidad de las mismas, que las primeras sentencias no solo no son definitivas sino que, además, pueden estar equivocadas. Pero hete aquí que tal recurso se reserva a quienes tienen posibilidades económicas para presentarlo, y del cual están obligatoriamente exentos aquellos ciudadanos que no pueden cubrir los gastos pertinentes. Por tanto, no todos somos iguales en ese primordial y básico derecho que han restringido desde el Gobierno.
Como segunda cuestión, el hipotético asesinato del señor Couso. Las investigaciones conducen a tres nombres del ejército USA: desde quien dio la orden de que el tanque disparara contra la habitación 1403 del Hotel Palestina (Bagdad) hasta el sargento que apretó el botón para eliminar a quien estaba filmando, imágenes que no consideraron convenientes, no sé por qué, aunque quizás estuvo presente el recuerdo de la guerra en Vietnam: las atrocidades de las tropas USA sobre poblaciones civiles (bombardeos con napalm) dieron la vuelta al mundo gracias, precisamente, a cámaras como el señor Couso y a fotógrafos anónimos cuyas imágenes –la niña vietnamita quemada que huye desnuda- se convirtieron en las más duras acusaciones de barbarie y miseria humana contra los mensajeros de la paz, los norteamericanos.
Pues bien: el señor Pedraz, juez español que investiga la muerte violenta del señor Couso, se niega por derecho a cerrar la investigación a la que se vería obligado en aplicación de la ley aprobada hace días por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento: no se investigarán supuestos delitos cometidos fuera de España. Porque, argumenta en su contra el señor magistrado, una ley de carácter nacional no puede, en modo alguno, echar por tierra un tratado internacional (el IV Convenio de Ginebra) que España firmó hace ya muchos años: “Perseguir el delito, buscar a las personas y hacerlas comparecer sea cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén”. Porque los países firmantes están obligados a proteger a los civiles en tiempos de guerra. Y el señor Couso era un civil y en Irak se desarrollaba una guerra. EE UU bombardeó el hotel. Y EE UU había firmado también el Tratado de Ginebra.
Por tanto, la Justicia Universal –en estos casos la española- debe investigar los asesinatos de cientos de jóvenes que reclamaban libertad y fueron asesinados en la Plaza de Tian’anmen (1989). Y las barbaries cometidas contra tibetanos por el ejército chino. Y las desapariciones de sajarahuis a manos del ejército marroquí. Eran civiles también los sacerdotes españoles asesinados en Guatemala, y el embajador español en aquel país en 1980. En El Salvador fueron asesinados seis jesuitas españoles. El diplomático español señor Soria fue secuestrado y asesinado por la policía de Pinochet. Y la Flotilla de la Libertad de Gaza fue atacada por Israel… (Y los señores jueces españoles que iniciaron investigaciones no lo hicieron, en absoluto, por sí mismos, caprichosamente: recibieron órdenes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional. O la Fiscalía lo pidió.)
El PP, con esta reforma que se aprobará definitivamente hoy, jueves, se quedó solo en el hemiciclo. Lo apoya, eso sí, su mayoría absoluta. Pero queda por saber si para tal ley tiene el visto bueno de los casi once millones de votantes. Lo que no parece apropiado –aunque sí legal, por supuesto- es que la propuesta no se discutiera previamente en comisión porque, es de suponer, los restantes grupos políticos podrían aportar novedades, matizaciones, quizás hasta otro enfoque. Parece como si fuera preciso eliminar las investigaciones desde España y por jueces españoles sobre casos de supuestas transgresiones a los Derechos Humanos en otros pueblos.
Y si el PSOE (tal como denunció el señor Barreda, diputado del PP) había aprobado en 2009 una reforma para limitar la Justicia Universal y lo hizo “sin informes jurídicos y a través de una enmienda presentada a otro proyecto de ley”, también transgredió principios morales básicos, también delinquió éticamente (no hubiera sido la primera vez). Pero perpleja en un Partido con rigurosos y serios moralistas que este haya sido uno de los argumentos para justificar la aprobación de tales amputaciones. ¿Volvemos a las razones de Estado para justificar el silencio ante asesinatos de gente inocente y civil?
Nicolás Guerra Aguiar es catedrático y escritor.
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