El Comité de Empresa advierte de la intención del edil Rodríguez por privatizar los servicios de Deportes

Telde.- El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Telde ha denunciado lo que consideran un “claro” intento de privatizar los servicios que presta la Concejalía de Actividades Físicas y Deportes por parte del responsable del área, el edil Pablo Rodríguez, y de la jefa de servicio. Según exponen, se han determinado una serie de cambios en las condiciones de trabajo de los monitores municipales de cara a justificar un futuro despido colectivo. TA ofrece el escrito que denuncia los hechos.

 

A través de un escrito dirigido a la alcaldesa Mª del Carmen Castellano, el órgano que representa al personal laboral de la Institución municipal sostiene que de manera "unilateral", sin mediar negociación alguna, se han ordenado una serie de cambios en las condiciones laborales y cuadrantes de trabajo del personal de la Concejalía que vulnera lo establecido en el convenio colectivo y que incluso "discrimina" a muchos de los monitores.

 

Además, señalan que el personal de Lude Servicios S.L., empresa ajena al Ayuntamiento de Telde y que posee la concesión de la explotación del pabellón Paco Artiles, desempeña funciones que competen exclusivamente a los monitores municipales.

 

Todo ello sin que los cambios adoptados conlleven beneficio alguno para la calidad del servicio, sino más bien todo lo contrario ya que afirman que persiguen el "desprestigio profesional" de los empleados municipales, avalados por una "reconocida trayectoria", y suponen un sobrecoste para las arcas municipales.

 

Unos hechos que para el Comité de Empresa esconden una clara intención del concejal Pablo Rodríguez por privatizar los servicios que presta la Concejalía de Deportes, así como la justificación en el futuro de un despido colectivo.

 

Así las cosas, exigen a la primera regidora, Mª Carmen Castellano, que convoque de manera urgente la mesa de negociación para que ambas partes se sienten a dialogar en pro de buscar una solución satisfactoria a la situación.

 

No obstante, dada la “posible ilegalidad” en la que se podría estar incurriendo con los hechos denunciados públicamente, los servicios jurídicos del Comité de Empresa estudian si emprender acciones judiciales al respecto.