A setenta y siete días de las elecciones generales, porque Mariano Rajoy se ha empeñado a alargar al máximo su estancia en el poder y ya anunció, el pasado jueves, que las elecciones generales se celebrarán el próximo día 20 de diciembre, me reafirmo que esta legislatura, con Rajoy de presidente, es para olvidar.
El artículo 68.4 de la Constitución establece que “El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara”. A su vez, el artículo 69.6 dice que “El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara”.
Las últimas elecciones generales se celebraron el día 20 de noviembre de 2011. Las Cortes Generales (Congreso y Senado) se constituyeron el día 13 de diciembre de 2011.
Para concretar cual es la fecha de la terminación del mandato de los Diputados y Senadores, si tenemos en cuenta literalmente lo que dice la Constitución, ésta sería el 20 de noviembre de 2015. Si, por el contrario, lo que se tiene en cuenta es la fecha de toma de posesión y constitución de las Cortes Generales (Congreso y Senado), el mandado de los Diputados y Senadores finalizará el día 13 de diciembre de 2011.
Creo que Mariano Rajoy se ha podido columpiar señalando que la fecha de celebración de las próximas elecciones generales será el día 20 de diciembre.
Pero aún hay un problema añadido más a esa noticia. Establece el artículo 68.6 de la Constitución que “Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones”.
Teniendo en cuenta el límite de treinta días de la horquilla de los plazos establecidos en el artículo 68.6 de la Constitución, si la fecha que debe cogerse es la del cumplimiento real del mandado de cuatro años, o sea, la de la Constitución de las Cámaras (13 de diciembre de 2011), las elecciones generales deberían celebrarse el día 8 de noviembre próximo, porque es domingo, y teniendo en cuenta que el siguiente domingo (día 15 de noviembre), incumpliría el plazo mínimo de treinta días establecido en la Constitución.
No opino sobre usar como referencia de los cuatro años de mandato el de la fecha en la que fueron elegidos Diputados y Senadores (20 de noviembre de 2011), porque ya las elecciones generales tendrían que estar convocadas para celebrarse el próximo 18 de octubre.
Ignoro si algún partido político o algún catedrático constitucionalista se va a pronuncias sobre el anuncio de Rajoy de que las elecciones generales serán el 20 de diciembre y no una semana antes, porque entiendo que el mandato de los Diputados y Senadores se acabará antes de la fecha anunciada por Rajoy.
Pues si es doloroso ver que Rajoy intenta perpetuarse en el Gobierno y alargar nuestra agonía, mientras tenemos que soportar su supina ignorancia y la ridiculez demostrada en la entrevista que le realizó el pasado 22 de septiembre Carlos Alsina, en Onda Cero, cuando hablaba de la pérdida de la nacionalidad de los catalanes, por sólo poner un ejemplo; más doloroso es comprobar como va a dejar a este país cuando le echemos del Gobierno.
Los datos estadísticos son demoledores contra el Gobierno del PP.
En lo que se refiere a la emigración de españoles, en enero de 2015 eran 2.183.043 los inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de las personas que dejaron España el pasado año, dos de cada tres, son extranjeros con nacionalidad española, y un tercio, es decir 733.387 personas que emigraron, nacieron en España. La mayoría de los inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), es decir el 62,7%, están en edad laboral, un 15% tiene menos de 16 años y un 22,3%, más de 65.
Con el PP en el Gobierno, los españoles nos hemos empobrecido. La encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) estudia el indicador AROPE que mide el riesgo de pobreza. Este indicador es el utilizado en la Unión Europea y resulta de la combinación de los niveles de renta con las carencias materiales y la baja intensidad del empleo en el hogar. El índice AROPE arroja cifras todavía peores de niveles de pobreza en España. En concreto, en el año 2014 el 29,2% de la población española se podía incluir en la categoría de pobres, porcentaje que un año antes era del 27,3%. También en el caso del AROPE destaca el fuerte incremento de la pobreza infantil. Más de uno de cada tres menores de 16 años (el 35,4%) se pueden considerar pobres, lo que supone 3,5 puntos más que un año antes.
El informe Infancia, pobreza y crisis económica, de la colección de Estudios Sociales de La Caixa, publicado en mayo pasado, considera que un hogar es pobre si dispone de menos de 780 euros en caso de familia monoparental o de 1.264 euros para una pareja con dos hijos. Un pobre severo, por ejemplo, sería un niño que vive con su hermano y con sus padres en un hogar en el que los ingresos no superan los 630 euros al mes.
El PP no sólo no ha resuelto el problema del paro en los cuatro años que lleva gobernando sino que, lo que es peor, ha empeorado la situación: ahora hay más parado, los trabajos son más precarios, con contratos basura, y los ingresos de los salarios han bajado.
La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2015 dice que en España hay 23.015.000 personas activas, 17.866.500 trabajando y 5.149.000 parados. Cuando tomó el Gobierno el PP en el cuatro trimestre de 2011, habían 23.440.300 personas activas (casi 400.000 han emigrado), 18.153.000 trabajando y 5.287.300 en el paro. Por lo tanto, se han perdido puestos de trabajo y han tenido que emigrar. El pasado viernes conocíamos la noticia de que el septiembre se incrementó de nuevo el paro en 26.087 personas más.
A todo eso tenemos que sumar que, entre 2009 y 2012, hemos tenido que darle de nuestros impuestos más de 108.000 millones de euros al sistema financiero para que no colapsara.
Paralelamente España se está endeudando hasta las cejas. La deuda pública en España al mes de julio de 2015 estaba situada en 1.040.104 millones de euros y suponía el 96,59% del PIB.
También el Gobierno del PP ha venido metiendo mano en la "hucha de las pensiones" (Fondo de Reserva de las Pensiones) y la ha vaciado casi en la mitad de lo que había en 2011, hasta el pasado mes de julio. Rajoy heredó de Zapatero una "hucha" con 66.815 millones de euros. Ya le ha metido mano en 6 ocasiones bajándola a 39.520 millones de euros. Entre lo que ha gastado de la "hucha", a lo que hay que sumar lo gastado (5.360 millones) de los excedentes de las mutuad de accidentes laborales, pellizco a pellizco y a hurtadillas ha gastado 43.000 millones de euros de las pensiones. En el 2016 planea sacar otros 6.300 millones de euros de esa "hucha".
Y no conforme con malgastar la legislatura, el Gobierno del PP subía los impuestos, recortaba en sanidad, educación, servicios sociales, etc., y atacaba frontalmente a las libertades públicas con su Ley Mordaza.
Podría seguir poniendo muchos ejemplos, pero de un Gobierno sustentado por un partido, el PP, que se sentará en el banquillo como responsable civil, y que tiene a sus ex tesoreros del partido Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y a su ex gerente Cristóbal Páez, acusados por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, de pertenecer a una organización criminal, asociación ilícita, falsedad y blanqueo; y que tiene entre sus filas a más corruptos por metro cuadrado de este país que cualquier otro partido.
Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.

























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