El PP y la corrupción

El PP, en la legislatura que este año acaba, es el partido que más poder ha podido acumular en este país. Por sólo considerar un dato, de los 68.051 concejales que salieron de las urnas de las Elecciones Municipales celebradas el 22 de mayo de 2011, el PP consiguió 26.507 concejales (38,95%), a los que habría que unir los 323 concejales (0,47%) obtenidos por Unión del Pueblo Navarro (UPN), su socio en la Comunidad Foral de Navarra.

 

El PP obtuvo el 37,54% (26.507 concejales) de los votos en esas Elecciones Municipales del año 2011.

 

En las Elecciones Generales celebradas el día 20 de noviembre de ese mismo año 2011, el PP obtuvo mayoría absoluta, con un 44,63% de los votos y 186 diputados (de 350).

 

La gravedad de la situación de este país es que el PP tiene también mayoría absoluta (un 48,9%) de toda la corrupción de este país. Eso significa que su porcentaje de corrupción es incluso superior al de su representación.

 

La corrupción del PP afecta a un porcentaje alarmante de cargos públicos del partido. Pero más alarmante aún es que el propio PP está imputado y acusado de financiación ilegal de campañas electorales, de financiación ilegal de reformas en distintas sedes del partido y de beneficiarse de la corrupción. En cualquier otro país democrático, un partido así ya habría sido ilegalizado.

 

Al sentirse acorralado por la opinión pública y por los ciudadanos a través de las sedes sociales, el PP comenzó a hablar de regeneración democrática. Esa regeneración ha quedado en papel mojado en cuanto se han puesto a ratificar a cabezas de lista para las próximas Elecciones Municipales que se celebrarán el próximo día 24 de mayo.

 

En el caso del PP, no ha existido el menor pudor a la hora de designar candidatos que ya están imputados y acusados para que encabecen las listas electorales de las próximas Elecciones Municipales; y son tantos los caso que necesitaría diez artículos como éste para relacionarlos todos.

 

Por poner algunos ejemplos, sólo en la Comunidad Autónoma de Galicia el PP ha confirmado a quince alcaldes que ya están imputados y/o acusados por distintos casos de corrupción política:

 

Antonio Pérez Rodríguez, alcalde de Xinzo de Limia (Ourense), por prevaricación (enchufismo).

 

Xoxé Xaquin Rodríguez Ambrosio, alcalde de Rairiz de Veiga (Ourense), que será juzgado el próximo martes 17 de marzo por prevaricación (levantamiento de 88 reparos de Intervención).

 

María Cristina Francisco Vilchez, alcaldesa de Melón (Ourense), pendiente de juicio por falsificación de documento público. Sucedió a su marido, Alberto Pardellas Álvarez, que fue inhabilitado por prevaricación en 2013 a 8 años y 6 meses hasta 2021.

 

Gerardo Rodríguez Domínguez, alcalde de San Xoán de Río (Ourense), por injurias y calumnias.

 

Nelson Santos Argibay, alcalde de O Porriño (Pontevedra), por prevaricación continuada, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Está acusada de firmar centenares de contratos fraudulentos y cuatro millones de euros sin justificar.

 

Antonio Pensado Plágaro, alcalde de Coriscanto (A Coruña), por prevaricación y abuso de confianza por otorgamiento de licencia y expropiaciones para un polígono industrial inexistente y por acoso a la secretaria municipal, así como prevaricación y malversación por favoreces a empresas locales.

 

Pablo José Taboada Camoira, alcalde de Palas de Rei (Lugo), que fue denunciado por la secretaria municipal por prevaricación, coacciones, acoso y falsedad documental junto a otros concejales.

 

Eduardo Parga Veiga, alcalde de Malpica de Bergantiños (A Coruña), imputado junto a otros políticos y funcionarios por delito contra la ordenación del territorio (recalificación urbanística).

 

José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo (A Coruña), acusado por prevaricación urbanística por conceder licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico.

 

Manuel Taboada Vigo, alcalde de O Pino (A Coruña), imputado junto con el arquitecto municipal por falsificación de documentos públicos para la expropiación de terrenos para hacer un polígono industrial. En tan sólo en seis horas se “elaboraron” seis informes del polígono.

 

Ernesto Anido Varela, alcalde de Sada (A Coruña), con cuatro imputaciones distintas y, entre ellas, por falsedad documental (pago de minuta de abogado sin justificar) y por prevaricación administrativa amañando las bases con la propia interesada, que prestaba sus servicios en otro ayuntamiento, para crear una plaza de coordinadora general que ocupó la misma con un sueldo de 70.000 euros.

 

José Manuel Traba Fernández, alcalde de Fisterra (A Coruña), por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, dentro de la operación Orquesta (adjudicaciones de obras a cambio de dinero).

 

Argimiro Manotes Fernández, alcalde de O Carballino (Ourense), por tráfico de influencias y revelación de secretos (dentro de la operación Pokémon).

El PP de Madrid ha avalado las candidaturas a alcalde de al menos tres imputados al permitir que aspiren a renovar su cargo los alcaldes de Las Rozas, Colmenar Viejo y Ciempozuelos.

 

Al primero, José Ignacio Fernández-Rubio, se le atribuye un delito de ordenación del territorio. Al segundo, Miguel Ángel Santamaría Novoa, uno de prevaricación y otro de pagos irregulares a funcionarios. Y a la tercera, María Ángeles Herrera, uno de contabilidad irregular en el Consistorio.

 

Y la lista aún puede crecer si Borja Gutiérrez, el alcalde de Brunete imputado por tráfico de influencias por tratar de comprar a una concejala de UPyD, es confirmado en los próximos días.

 

El polémico alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha sido ratificado por Mariano Rajoy para repetir como cabeza de lista del PP en Valladolid, que será juzgado el próximo día 27 de abril de abril por un delito de desobediencia.

 

Pero por qué vamos a sorprendernos de que el PP ponga como cabezas de listas a alcaldes que están imputados y acusados en la península, si hace lo mismo en Canarias. Sin ir más lejos, en esta isla tenemos al actual alcalde de Mogán, Francisco González, imputado por el caso Góndola; y en esta Ciudad de Telde, a la actual alcaldesa, María del Carmen Castellano, que está acusada y sólo pendiente de juicio por el caso Faycán.

 

El PP se ríe de los ciudadanos y, llegado el momento, resulta más que evidente que protege a corruptos y premia la corrupción.