El respeto a los ciudadanos

En cualquier manual de Ciencias Políticas nos encontramos con dos conceptos que, cuando van unidos, es porque entre el poder político-representantes y los ciudadanos-representados, existe armonía y comunión. Se trata de los conceptos de legitimidad y de legalidad, el primero propio de la política y el segundo del Derecho.

 

Por venir regulado así por las leyes, el Estado detenta el uso de la fuerza legítima, con lo que se quiere destacar que la sola utilización de la fuerza no es suficiente para sustentar y mantener el poder estatal, es necesario que quienes obedecen dicho poder tengan razones para aceptarlo.

 

La legitimidad se refiere precisamente a esta idea que tiene que ver con las razones por las cuales las personas aceptan y justifican un poder político. Cuando el Estado moderno asumió el carácter de Estado de derecho, la legitimidad del poder ejercido por el Estado se fundamentó en su sometimiento a la legalidad, en dos aspectos: quienes ejercen el poder estatal deben estar autorizados para ello por el ordenamiento jurídico, se trata de la legitimidad en el origen del poder; pero además dicho poder debe ser ejercido conforme a lo establecido en la ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera arbitraria, se trata de la legalidad en el ejercicio del poder.

 

En la actualidad se estima que la sujeción a la legalidad no es ya suficiente para hacer del poder estatal un poder legítimo, por eso podemos afirmar que ese modelo de legitimidad está en crisis. Hoy se considera que es necesario que la ciudadanía participe ampliamente en la toma de decisiones y que el Estado sea eficaz en la satisfacción de las necesidades sociales.

 

En nuestro sistema electoral está aceptado que, entre los votantes y el partido al que éstos votan, existe un contrato tácito (no escrito) basado en la legítima confianza, de manera que si el partido incumple el programa electoral con el que concurre a las elecciones, el contrato se rompe unilateralmente por el partido, porque ha roto su parte del contrato, menoscabando con ello la confianza depositada en él por los ciudadanos que les votaron. El partido gobernante, en este caso el PP, ha engañado a los ciudadanos y su legitimidad desapareció hace mucho tiempo, porque se presentó a las Elecciones Generales de 2011 con un “programa electoral” que ofrecía creación de cuatro millones de empleos, no tocar las pensiones, la dependencia, la sanidad, la educación y mil mentiras más. Una vez que tomó el poder no sólo no cumplió ni una sola de sus promesas, sino que hizo todo lo contrario a lo prometido. Engañó a los ciudadanos.

 

De acuerdo con las leyes, especialmente con la Ley Orgánica del Régimen General Electoral, el gobierno del PP goza de legalidad. La legitimidad es un concepto político y el PP carece de toda legitimidad para gobernar.

 

Pero el problema en este país es más grave aún. El sistema político nacido de la Constitución de 1978 está en crisis. La gran mayoría de ciudadanos de este país, que ahora tienen 54 o menos, no pudieron votar en el referéndum de la Constitución celebrado el 6 de diciembre de 1978, bien porque no habían nacido aún, bien porque no habían cumplido la edad de votar.

 

El bipartidismo PSOE y PP, que han gobernado en España desde octubre de 1982, se ha roto y está en pleno retroceso. La corrupción les ha inundado a ambos partidos y los derechos sociales establecidos en la Constitución (salud, educación, vivienda, trabajo, fiscalidad progresiva, etc.) han quedado en papel mojado. Incluso se pusieron de acuerdo para firmar el pacto de retroceso y recortes de los derechos políticos individuales y colectivos establecidos en la Constitución y, con ello, apuntalaron la Ley Mordaza del PP.

 

La actual crisis económica en Europa ha puesto cruelmente de manifiesto este conflicto entre la ley y lo justo-legítimo. Cuando la ley condena al desahucio a una persona por haber perdido su puesto de trabajo o recorta derechos laborales, podemos dudar de que tal ley sea legítima; especialmente cuando los mismos que sostienen esas leyes indultan a banqueros y a políticos corruptos, pero no a las familias que se ven condenadas a la miseria. Pocas dudas nos deben caber sobre la legitimidad de tales leyes y gobernantes.

 

Al igual que un ciudadano alemán estaba moralmente autorizado a desobedecer ciertas leyes bajo la opresión nazi, nosotros lo estamos hoy para cuestionar nuestro grado de obediencia a unas leyes que se aplican conculcando derechos humanos básicos y haciendo uso de la violencia. La violencia del Estado.

 

Cuando un Gobierno legal y legítimamente elegido, como es el caso del PP actual, tiene que echar manos, una y otra vez, de aparato coercitivo del Estado para imponer sus leyes o la aplicación de las misma, como sucede con los desahucios, significa que ha perdido toda la legitimidad que tenía cuando tomó posesión.

 

PP y PSOE ya tienen un pacto para intentar seguir gobernando juntos este país, porque Podemos les ha pasado por encima como un tsunami y amenaza con arrebatarles el poder y los privilegios que les han permitidos hacer y deshacer lo que quisieron, durante tantos años de imperio del bipartidismo. Acuden diariamente, a través de sus medios de prensa afines, a todo tipo de artimañas y patrañas para frenar a Podemos, pero así y todo no consiguen los resultados esperados. Ya abren la posibilidad de incorporar a ese pacto a Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, un ex del PP.

 

Poder seguir saqueando este país, lleno de corruptos, a costa de una cada vez más empobrecida ciudadanía, forma parte de los privilegios que ni PP ni PSOE están dispuestos a renunciar. No tienen el más mínimo respeto a los ciudadanos.