El momento es ahora

Ayer sábado, 31 de enero, en la Puerta del Sol de Madrid, se puso en marcha el reloj que marca el principio del fin del Gobierno de Rajoy. Quiera o no quiera, Rajoy tiene la fecha de caducidad ya señalada y el reloj es implacable. Día tras día sentirá como el tic… tac…, tic… tac… le golpea en la cabeza, día y noche.

 

¿Pero por qué se ha llegado a esta situación?. Porque el PP y el PSOE han acabado por agotar, malear, desvirtuar y prostituir el régimen político que nació de la Constitución de 1978.

 

Los derechos básicos que teníamos los españoles, por los que lucharon nuestras pasadas generaciones, por los que apostamos los que vivimos durante el franquismo y apostamos por la democracia y a los que han dedicado toda su vida millones de personas, prácticamente han desaparecido y son papel mojado.

 

Si hacemos un repaso a nuestra Constitución, vemos que entre lo que está escrito en la misma y lo que realmente tenemos los ciudadanos, no sólo hay una grieta, hay un abismo insalvable. Los culpables de esa realidad son PP y PSOE.

 

Nuestra Constitución dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (artículo 14). Esa igualdad ante la ley que se la apliquen a Cristina de Borbón y a todos los políticos corruptos, que después de robar y arruinar a este país, siguen en la calle riéndose de los ciudadanos.

 

“Todos tienen el derecho a la educación” (artículo 27.1). Que pregunten a los estudiantes sin recursos, a los que Wert ha limitado el acceso a las becas y ahora, con la nueva reforma, trata de vetarles la formación en universidades públicas, dando preferencia a costosos centros privados.

 

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio” (artículo 31.1). Un autónomo tributa el 21% de sus ingresos. Cualquier empresa mediana o pequeña tributa como mínimo al 30%. Las grandes empresas del IBEX35, que son las más poderosas del país, sólo pagan un 6%. Muchos millonarios tienen su dinero en paraísos fiscales o en SICAV’s y tributan sólo un 1%.

 

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (artículo 35.1). Este artículo parece una broma, porque además de los millones de parados, ocho millones de españoles reciben salarios por debajo de mil euros y una gran mayoría de los que contratan ahora trabajan casi en precario y con condiciones leoninas.

 

“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” (artículo 39.1). Hay más de tres millones de familias sin recursos económicos de ningún tipo, viviendo en situación de miseria extrema.

 

“Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” (artículo 39.4). Entre esos acuerdos internacionales tenemos la “Declaración de los Derechos del Niño” y la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN)” que recogen el “derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada”. En España 2.306.000 niños (un 27% de la infancia) viven bajo el umbral de la pobreza.

 

“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres” (artículo 41). El PP no hace otra cosa que privatizar la sanidad pública y ha cortado el acceso a la misma a cientos de miles de personas que viven en este país.

 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (artículo 47). Cada día son más las familias que son desahuciadas de sus viviendas, incluso de viviendas sociales que el PP se las malvenden a fondos buitres norteamericanos.

 

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” (artículo 50). Esos poderes públicos están congelando pensiones y obligando a pensionistas a pagar por medicamentos y servicios sociales y sanitarios necesarios a los mismos que antes eran gratuitos y a mantener a hijos y nietos con sus pensiones para evitar dejarlos tirados en la calle.

 

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (artículo 128.1). Pero el PP y PSOE prefieren perdonar miles de millones a las eléctricas y dejar sin luz ni calefacción a cientos de miles de personas que no tienen ni para comer.

 

Mientras millones de españoles viven esa realidad, los juzgados de este país están llenos de casos de corrupción que tienen protagonistas a políticos de los partidos que han gobernado en este país durante todos estos años, especialmente a políticos del PP y del PSOE.

 

Podemos dio ayer un puñetazo en la mesa con “La Marcha del Cambio”, a la que asistieron físicamente muchos miles de personas y otros cientos de miles pudimos presenciarla en directo a través de “streaming”. Fue un día festivo, sin incidentes y sin otra finalidad que dejar claro que este año 2015 es al año del cambio y ya está en marcha el reloj: tic… tac…, tic… tac…

 

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.