La calle ya es del PP

La Ley de vagos y maleantes fue una ley del Código Penal español aprobada el 4 de agosto de 1933 por consenso de todos los grupos políticos de la Segunda República para el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido, proxenetas y cualquier otro elemento considerado antisocial.

 

El 15 de julio de 1954 El régimen franquista, a través de la Ley de Orden Público modificó sus artículos segundo y sexto para incluir y reprimir también a los homosexuales.

 

Por ser una ley que no sancionaba delitos sino que intentaba evitar la comisión futura de los mismos no incluía penas, sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que se había acabado su peligrosidad. Quedando así establecida podía ser utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos.

 

En 1970 fue sustituida y derogada por la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, de términos muy parecidos, pero que incluía penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos sociales para que se «rehabilitaran».

 

Manuel Fraga Iribarne fue Ministro de Información y Turismo entre 10 de julio de 1962 y el 29 de octubre de 1969; Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de la Gobernación entre el 12 de diciembre de 1975 y el 5 de julio de 1976. Estos cargos y otros los ocupó durante la dictadura de Franco.

 

Fraga fue uno de los fundadores de Alianza Popular el día 9 de octubre de 1976 junto con su otros que procedían en su mayoría del franquismo. Presidió Alianza Popular entre 1977 a 1987. Alianza Popular se transformó en 1989 en Partido Popular.

 

Ya como Partido Popular, Manuel Fraga lo presidió entre el 20 de enero de 1989 y el 1 de abril de 1990. También fue presidente del PP de Galicia entre el 24 de abril de 1990 y el 15 de enero de 2006.

 

Las raíces franquistas del PP son muy profundas y sólidas. Fraga fue fundador del PP y uno de sus principales referentes.

 

Siendo Ministro de Gobernación con Franco, acuñó la frase «La calle es mía», tras el intento de la oposición de manifestarse el Primero de Mayo, a lo que Fraga se negó.

 

En esta época también se producen incidentes con las fuerzas de seguridad del Estado: los «Sucesos de Vitoria», de 1976, donde la Policía Armada mató a tiros a 5 obreros al salir de la Iglesia de San Francisco de Asís e hirió a más de 100 personas; o la llamada «Operación Reconquista» o sucesos de Montejurra, con dos muertos y varios heridos tiroteados por militantes de la extrema derecha internacional que acudieron a España.

 

Con esos antecedentes, nada debe extrañarnos de que el PP actual haya dado todos los pasos para apropiarse de la calle. Lo ha hecho aprobando en solitario la llamada «Ley Mordaza».

 

El PP no quiere jueces por medio. En todo caso, trata de evitarlos todo lo posible.

 

Con la Ley Mordaza las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas. Si alguien las recurre, las tasas mínimas son en la primera instancia, de 200 euros. Con ello quieren coartar a lo ciudadanos a base de multas y tasas judiciales en la vía contencioso-administrativa.

 

Las faltas muy graves se sancionarán con entre 30.0001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros y las leves con entre 100 y 600 euros.

 

Se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad: “Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”.

 

Se considera falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.

 

Serán faltas leves: “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.

 

“La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”.

 

“Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”.

 

“El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.

 

Devoluciones en caliente de inmigrantes: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

 

En resumen, el PP machaca a los ciudadanos con sus medidas y recortes antisociales, pero no quiere que esos mismos ciudadanos muestren en la calle su rechazo. El PP, con su nueva Ley Mordaza, trata de tener españolitos callados. El 82% de las encuestas rechazan esa Ley y cuando el Gobierno de España cambie, y cambiará dentro de once meses, esa Ley Mordaza será otra de las tantas vergüenzas franquistas del PP.

 

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.