Los pujolones (VIII)

El juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional; los miembros de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional que estuvieron investigando durante veinte meses todas sus triquiñuelas, y los ciudadanos de a pie, no dejamos de sorprendernos de que tanto el Fiscal como el Abogado del Estado no pidieran ni una sola medida cautelar contra Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercé Gironés Riera, tras su paso por el juzgado el pasado lunes a prestar declaración.

 

El Juez Pablo Ruz no pudo hacer nada porque las acusaciones personadas (Fiscal y Abogado del Estado) no pidieron medida cautelar alguna. Él está con las manos atadas. El Fiscal depende del Fiscal General del Estado, que a su vez depende del Gobierno del PP, que le nombró para el cargo. El Abogado del Estado, que defiende los intereses de la Agencia Tributaria, depende del ministro Cristóbal Montoro.

 

Después de todo lo publicado, del trasiego de dinero en efectivo entre Andorra y Madrid, tal y como denunció su expareja Victoria Álvarez, y de los movimientos sospechosos de sus cuentas, especialmente las correspondientes a sus sociedades “Iniciatives Marketing i Inversions S.A.”; “Inter Rosario Port Services S.A.”; “Project Marketing Cat S.L.”; “Active Translation S.L.” e “Iberoamericana de Bussines and Marketing, S.A.”, tanto el Fiscal del caso, como Abogado del Estado, no vieron presuntos delitos, que si habían visto los funcionarios de la UDEF cuando decidieron imputar a Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercé Gironés Riera. Los ciudadanos nos quedamos con la duda, puesto que parece que el tema de los Pujol es un asunto de Estado y que todo quedará en agua de borrajas para que el patriarca no tire de la manta.

 

Pero si el enriquecimiento de Jordi Pujol junior sorprende, el del benjamín del clan, Oleguer Pujol Ferrusola es para estudiarse en las aulas de empresariales.

 

Comenzó con 28 años con la sociedad “Optimus Subastas on-line, S.A.”, con CIF A82835760, constituida en Madrid comienza sus operaciones el 24/5/2000. Su objeto social es el “desarrollo de actividades y la prestaciones de servicio con el sector inmobiliario a través de Internet…”. Su capital social es de 60.200 €. En la Junta de 25/5/2000 fue nombrado secretario no consejero Oleguer Pujol Ferrusola (que designa como domicilio “Ronda General Mitre”). Desde el año 2002 no se le conoce domicilio social y desde 2009 no ha presentado cuentas en el Registro Mercantil de Madrid. En relación con esta empresa no se conoce, de momento, ninguna irregularidad que sepamos.

 

También en Madrid constituyó el 10/10/2003 la sociedad “S. Fernando Resort Bahia Sur, S.L.”, con CIF B83772939 y un capital social de 300.507 €, “íntegramente suscrito y desembolsado”. Su objeto social incluye: a) “Actividad inmobiliaria, compra, venta, urbanización y alquiler de inmuebles en general, terrenos, solares y edificios…”; b) “Gestión y negociación de sociedades, valores mobiliarios, patentes, marcas, registros, concesiones y participaciones sociales”.

 

La empresa fue disuelta y liquidada el 18/3/2010. Concurrieron al otorgamiento de la escritura de disolución y liquidación Oleguer Pujol Ferrusola, entre otros.

 

Intervinieron: E. R. G, en representación de la sociedad “Planiur, S.A.”; y Oleguer Pujol Ferrusola, como mandatario verbal de las sociedades “Hard-Woor Mil, S.L.” y de la sociedad “Somisal, S.A.”, que fue constituida inicialmente como “Somosierra Industrial, S.A.”

 

Las sociedades por las que intervino Oleguer Pujol aportaron, respectivamente, 12.922 € y 15.326 €. Posteriormente, comparecieron Carlos Toraño Vallina, en representación de la sociedad “Guadianalumpur, S.A.”, como Consejero Delegado de la sociedad “Somimal S.A.”, para ratificar la actuación de Oleguer Pujol.

 

También compareció Manuel Sánchez de Movellán García-Ogara, en representación de la sociedad “Hard-Woor Mil, S.L.” y para el mismo fin.

 

En la Junta General de 23/7/2009 se acordó la disolución y liquidación de la sociedad. Se acuerdó por mayoría, por haberse cumplido el objeto social, al haberse transmitido a la sociedad por un tercero los activos inmobiliarios integrantes del complejo Bahía Sur.

 

Durante el ejercicio cerrado a 31/5/2009 se produjo un beneficio 555.349,46 €.

Correspondió a cada participación social una cuota liquitativa: a “HardWoor Mil, S.L.” correspondieron 49.450 €, y a Somisal, S.A., 58.650 €.

 

Tampoco se ha hecho público que existan irregularidades en relación con la empresa “S. Fernando Resort Bahia Sur, S.L.”

 

El 22/12/2004 se constituyó la sociedad “Tres Forcas Capital, S.L.” con CIF B52012457, inscrita en el Registro Mercantil de Melilla, con un capital social inicial de 3.006 €, que fue ampliado el 4/6/2007 hasta 2.308.006,80 €. Las últimas cuentas presentadas corresponden al 2012 y actualmente no se le conoce actividad alguna. Tiene tres administradores, uno de los cuales es Oleguer Pujol Ferrusola.

 

El objeto social de la empresa es la “actividad inmobiliaria en general y la urbanización, construcción, compraventa, rehabilitación, reforma, arrendamiento, explotación y comercialización de bienes inmuebles en el término municipal de Melilla”.

 

Constan como socios la sociedad “Comunidad Manzana 4 S.L.”, con CIF B11743093, inscrita en el Registro Mercantil de Granada, con un capital de 304.010 €. Las últimas cuentas presentadas corresponden al 2012 y actualmente no se le conoce actividad alguna; y la sociedad “Pavane Investments S.A.”, con código B78943, domiciliada en Luxemburgo.

 

En la Junta de 8/3/2005, Oleguer Pujol Ferrusola dimitió como Administrador. En la Junta de 2/12/2006, nuevamente fue nombrado Administrador, junto a otras dos personas. En la Junta de 22/12/2006, la sociedad fue adquirida por “Drago Mediterranean Holding Coöperatief U.A.”, sociedad constituida en los Países Bajos y que aparece en los Registros Mercantiles de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Melilla.

 

La operación más significativa fue la compra en 2009 de los terrenos del Cuartel de Valenzuela, en la capital melillense, por 15,6 millones de euros a cargo de la sociedad “Tres Forcas Capital S.L.”. Los terrenos fueron cedidos por el Ministerio de Defensa a la Comunidad Autónoma para construir viviendas sociales, aunque han acabado en manos privadas.

 

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, preguntó en su día al Gobierno del PSOE por esta operación, de la que sorprende que fuera realizada por una sociedad con un capital social cinco veces inferior a lo que costaron los terrenos. Además, “Tres Forcas Capital S.L.”, fue adquirida el 22 de diciembre de 2006 por “Drago Mediterranean Holding Coöperatief U.A.”, que está siendo investigada por la Fiscalía en estos momentos.

 

En abril del 2013, Carlos Jiménez Villarejo, que había sido Fiscal Jefe Anticorrupción de 1995 al 2003, denunció ante ese organismo las relaciones de varios miembros de la familia Pujol con un entramado societario de, al menos, 23 empresas. En ellas detectó extraños movimientos económicos. Por ejemplo, que Jordi Pujol hijo y su entonces esposa habían desembolsado 15 millones de euros en solo cinco días en diciembre del 2012. O que otro de los hijos del expresidente de la Generalitat, Oleguer, había participado en varias empresas que conducen a paraísos fiscales, pasando por Holanda.

 

Jiménez Villarejo aseguró que lo investigó de forma artesanal y consultando registros mercantiles, con los medios de los que dispone un ciudadano corriente. La Fiscalía Anticorrupción dio la callada por respuesta y, tras esperar unos meses, el exFiscal Jefe Anticorrupción decidió en enero del 2014 enviar la denuncia al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Este magistrado ya había abierto la investigación para esclarecer las actividades del primogénito del expresidente Jordi Pujol Soley. El exFiscal también presentó denuncia ante los juzgados de Melilla y Las Palmas, que la archivaron.

 

Jiménez Villarejo adjuntó a la denuncia 37 certificaciones de los Registros Mercantiles de Barcelona, Tarragona, Madrid, Bilbao, Melilla y Las Palmas. El exfiscal vinculó en su escrito a Jordi Pujol Ferrusola con 13 empresas, la mayoría de ellas constituidas en Barcelona, aunque también hay en Tarragona y Bilbao. En la lista incluye una empresa de la que era su mujer, Mercè Gironés. La actividad societaria del Oleguer Pujol la centró en otras siete mercantiles, la mayoría de Madrid. En el informe añade empresas de otro de los hijos del expresidente, Josep Maria Pujol.

 

El exfiscal exponía en la denuncia que era «ineludible» conocer el proceso de obtención de fondos que permitió a algunas de las empresas bajo sospecha realizar determinadas operaciones, como ampliaciones de capital o compra de terrenos. Pero también hacía hincapié en que era necesario saber si estas sociedades habían obtenido contratos de la Administración de una u otra manera.

 

Abierto el melón, la crónica seguirá porque el material que tenemos ahora es inmenso y asombraría a cualquier familia normal.