Hace unos días, se publicaba un informe demoledor elaborado por el Consejo General del Trabajo Social, que pone en evidencia las tan optimistas previsiones del Gobierno de la Nación sobre la mejora en la economía que tanto nos “recuerdan” un día sí y otro también…
Según el citado informe, la demanda de ayuda de Servicios Sociales por parte de la población se sigue incrementando a pesar de que los continuos recortes presupuestarios y cambios legislativos están desmantelando la Red Pública de Servicios Sociales. De hecho, si entramos en la web del Consejo, lo primero que nos encontramos es una petición de apoyo a través de Change.org que busca que la Constitución reconozca como fundamentales los citados servicios.
Igualmente, el Consejo ha registrado en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a cada portavoz parlamentario de la Comisión Constitucional con la misma solicitud.
Otra cosa es que, como vemos continuamente, la “Carta Magna” no puede ser modificada, salvo que al Gobierno de turno le parezca auténticamente necesario, como pasó con el artículo 135 para comprometernos con la deuda externa o para “encajar” a la Monarquía. Para cualquier otra cosa, la Constitución es “inviolable”.
Si entramos en el informe, vemos que el aumento de la demanda de Servicios Sociales es escalofriante como poco: un 100% de aumento en Baleares, un 94,1% en Navarra o un 87% en nuestras islas, con un perfil de peticionarios/as que se acentúa entre las personas que antes de la llegada de la crisis (o de la farsa, según se mire) pertenecían a la clase media (esa que casi se han cargado en estos años).
En el caso de Canarias, el problema se agrava, ya que como indican el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas y el Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, el número de trabajadores ha caído un 44,6%, lo que no sólo incrementa el volumen de trabajo de los que permanecen, sino que atrasa enormemente la respuesta al solicitante de ayuda, algo que en la situación actual, con tantas y tantas familias en riesgo de pobreza, tantas con todos sus miembros en paro y el retraso que se sufre desde la propia Consejería, convierte la situación en insostenible.
En las islas, el 66,7% de las solicitudes están vinculadas a la pobreza o exclusión social (muy por encima de la media). Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta el altísimo nivel de paro (32,7%) con que cuenta el archipiélago. Algo increíble cuando nos recuerdan un día sí y otro también que nuestra principal industria, el turismo, está batiendo récords y nos hablan de excelentes previsiones (en eso, Gobierno Canario y Gobierno Central se comportan igual, deben tomarnos por ignorantes).
En un momento donde la presencia de los trabajadores sociales es más necesaria que nunca, resulta que las políticas sociales de nuestros gobernantes parecen hechas de “cara a la galería”, lo que pone en peligro la labor de profesionales indispensables para la sociedad y a los que si algo se les debe es el mayor de los respetos.
Ángel Rivero García es vecino de Telde.
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