Los pujolones (I)

En el diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua), una de las acepciones de la palabra “clan” es ésta: “grupo predominantemente familiar unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista”.

 

Esta acepción de “clan” le viene como anillo al dedo a la familia Jujol–Ferrusola después de la confesión del patriarca Jordi Pujol i Soley (nació en 1930), ex Presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003, que dijo que él y su familia habían tenido cuentas secretas en el extranjero durante 34 años, hablando de una herencia oculta en el Principado de Andorra, asegurando que los fondos que «su mujer y sus siete hijos» poseen en el exterior proceden de la herencia que les legó su padre, Florenci Pujol, tras fallecer en 1980. Su hermana María Pujol lo negó con estás palabras cuando el ex Honorable fue a visitarla: «¿De qué herencia me hablas, Jordi?»

 

Por supuesto que no dijo nada sobre negocios bajo la sospecha de irregularidades, tráfico de influencias y las comisiones del 3%; ni tampoco sobre la actuación de sus hijos, asuntos que se investigan en diferentes sedes judiciales que están bajo los focos de todos los ciudadanos.

 

Como parece que en estos asuntos más que sospechosos está metida la casi totalidad de los miembros de la familia Pujol-Ferrusola, las redes sociales han rebautizado a este clan familiar como los “pujolones”.

 

Este escándalo, que ahora está en plena efervescencia, viene de muy atrás. Ya cuando se casó con Marta Ferrusola Lladós en 1956 manifestó públicamente, el mismo día de su boda, que primero era Cataluña. No extraña que Marta Ferrusola manifestara más tarde, después de tantos años juntos a Jordi Pujol, que «Lo nuestro es un menage a trois», para añadir «Él, yo y Cataluña».

 

Para Marta Ferrusola Lladós (nació en 1935), que estudió con las monjas concepcionistas, el sentido calvinista de la vida, la austeridad, el trabajo y la religión, han marcado toda su existencia.

 

Marta Ferrusola nunca quiso reconocer públicamente que Jordi Pujol, a Cataluña sumaba también algunas de las secretarias con las que trabajaba.

 

A Marta Ferrusola, sólo se la ha visto enfadada en público dos veces. Cuando se le acusó, injustamente, de que su empresa, Hidroplant, había decorado todos los edificios de Banca Catalana. Y cuando, en 1995, comenzó a circular el rumor de que el President tenía una amante. Se sabía el apellido de la dama, su trabajo, dónde se veían- En esos meses asistió a más actos oficiales que nunca, siempre cogida del brazo del President para acallar los rumores, que eran “vox populi”.

 

Jordi Pujol se dedicó primero a Cataluña y a sus secretarias, especialmente a una de ellas, llegando a casa, en ocasiones, a altas horas de la madrugada. Colocó en un segundo plano a la familia.

 

Eso dio lugar a que los hijos del President, protegidos por su madre y consentidos por su padre (que se dedicaba a otros menesteres), se dedicaron a enriquecerse gracias al hecho de que su padre era el Presidente de la Generalitat.

 

Jordi Pujol y el partido Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) fueron durante años los que hicieron posible el mantenimiento de los distintos Gobiernos de España, tanto con el PSOE como con el PP. Esas circunstancias son las que permitieron que desde el Gobierno de España se mirara para otro lado cuando le llegaban noticias de lo que podía estar sucediendo con el Gobierno de Convergencia i Unió en Cataluña. El ejemplo claro fue el escándalo de Banca Catalana.

 

Banca Catalana fue una entidad financiera española creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol Brugat, su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana i Vancells, con la compra de la Banca Dorca de Olot por un grupo de personas de sectores económicos diversos. En 1961 trasladó su central a Barcelona y cambió su nombre por el de Banca Catalana.

 

La caída financiera que devino sobre la entidad en el llamado "Caso Banca Catalana" fue otro escándalo que se tapó de forma sospechosa. Se dice que para dar el carpetazo al tema fue decisiva la intervención de Felipe González, entonces Presidente del Gobierno con el PSOE y hoy consejero en Fenosa-Gas Natural, fruto del buen funcionamiento de las llamadas “puertas giratorias”, a las que tanto acuden ex altos cargos del PP y del PSOE.

 

Banca Catalana entró en crisis, en 1982, cuando un falso anuncio de suspensión de pagos provocó la salida del 38% de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas.

 

Los primeros intentos de solución fracasaron, y como uno de los directivos de los años setenta fue el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol i Soley, el caso cobró connotaciones políticas.

 

El Banco de España nombró tres administradores en noviembre de 1982 que detectaron un fuerte desequilibrio patrimonial y que promovieron la reducción del capital y una fuerte ampliación para revitalizar la entidad en noviembre de 1982. La ampliación fue cubierta por el Estado (con nuestros impuestos) a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

 

En 1983 el grupo fue traspasado a un consorcio formado por toda la gran banca española, de manera que en 1984 el Banco de Vizcaya (posteriormente BBVA) se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Barcelona y el Banco Industrial de Cataluña.

 

En mayo de 1984 Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo (ya jubilado, que obtuvo acta de Eurodiputado con Podemos) y José María Mena, Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra los exdirectivos de la entidad.

 

En octubre de 1984 el magistrado Ignacio de Lecea tomó declaración a Pujol durante dos horas y media en su residencia oficial de la Casa dels Canonges, trámite en el que también estuvieron presentes el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, y los abogados defensores Joan Piqué Vidal y Juan Córdoba Roda.

 

El juez dio por concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986, después de haber recopilado más de 3.000 folios en nueve volúmenes, que se complementaban con cerca de 65.000 folios de documentación.

 

Un mes después, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento de los 18 exconsejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.

 

Sin embargo, en noviembre de 1986, reunido el pleno de la Audiencia de Barcelona para decidir sobre esta petición, 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, mientras de 8 jueces se pronunciaron a favor del procesamiento.

 

La instrucción del caso continuó para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa. Banca Catalana formó parte de un “asunto de Estado”.

 

Mientras Jordi Pujol mantuviera a raya a los independentistas de Cataluña, el Estado le protegería de cualquier investigación. Cuando Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), con Artur Mas y Jordi Pujol a la cabeza, se han sumado a las tesis independentistas de Cataluña, el Estado se ha sentido liberado del compromiso de protegerle.

 

Tal como Marta Ferrusola pactó con Jordi Pujol seguiría a su lado como esposa y apoyaría a sus hijos para que se movieran a su antojo aprovechándose del apellido Pujol, Jordi pactó con el Estado una inmunidad de hecho.

 

Ante la deriva independista de Pujol, el Estado ha dejado de protegerle, tal como Marta se habría divorciado si Jordi se hubiera fugado con su secretaria Carme.

 

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.