La pobreza infantil en España

El artículo 39.4 de nuestra Constitución dice: “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. Entre esos acuerdos internacionales tenemos la “Declaración de los Derechos del Niño” y la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN)”.

 

La “Declaración de los Derechos del Niño” es un tratado internacional de 10 artículos aprobado el 20 de noviembre de 1959, de manera unánime por todos los 78 Estados miembros que componían entonces la Organización de Naciones Unidas.

 

Esa declaración se basa, a su vez, en la “Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño”, de 1924, y recoge diez principios. Entre esos diez principios está el “derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada”.

 

La “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN)” fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y consta de 54 artículos, que refuerzan todos los anteriores.

 

España es un país con menos niños cada año y esos niños son cada vez más pobres.

 

España es un país donde 2.306.000 niños (un 27% de la infancia) viven bajo el umbral de la pobreza

 

El Informe Anual de UNICEF describe un escenario repleto de desigualdades en España que desvela la incapacidad del Estado para proteger a los niños y la brusca reducción de los recursos destinados a la infancia.

 

Según UNICEF, España es el segundo país de la Unión Europea, tan sólo superado por Grecia, en el que menos capacidad tiene la intervención del Estado (mediante transferencias sociales) para reducir la pobreza: sólo 6,9 puntos frente a otros países como Irlanda que llegan a reducirla en 32 puntos.

 

El informe destaca que en España el esfuerzo en ayudar a las familias con hijos es el más bajo de toda la Unión Europea y sólo representa el 0,5% del PIB frente al 1,4% de la media europea.

 

Existe una España real y una España políticamente oficial que no se parecen en nada.

 

El Gobierno y el PP definieron el pasado año 2013 como el año del fin de la recesión y de la crisis. Se llegó a calificar como un “buen dato” la EPA que certificaba que el pasado año se destruyeron casi 200.000 empleos y situó la tasa de paro por encima del 26%.

 

El año 2013 fue el año de la devaluación salarial, de la que el Gobierno no habla. El crédito sigue sin fluir, se pagan más impuestos y más copagos.

 

Si hay menos empleo y los que trabajan cobran menos, además de pagar más impuestos y copagos, es imposible que se compren más viviendas y es obvio que siguen los desahucios.

 

Los desahucios ya no acaparan portadas en los medios de comunicación, pero eso no quiere decir que ya no se produzcan como se afanan en afirmar los medios afines al PP.

 

Frente a la propaganda están los datos, en este caso los datos del Banco de España que no es sospechoso de estar dirigido por Pablo Iglesias y Podemos.

 

Según los últimos datos publicados por la entidad, los desahucios por impago de hipoteca se aceleraron durante los primeros seis meses de 2.013, porque entre enero y junio se contabilizaron 19.567 ejecuciones hipotecarias por mandato judicial, muy cerca la cifra total que se computó en todo el 2.012 y que ascendió a 23.774 desahucios, el que se supone fue el peor año de la crisis.

 

Cuando se produce un desahucio, además de sus padres, los niños también pierden su vivienda.

 

Gracias a los comedores escolares, cientos de miles de niños comen regularmente. No todas las Comunidades Autónomas mantienen comedores abiertos ni buscan otra alternativa para garantizar que esos niños coman en los meses de vacaciones.

 

Muchos niños, especialmente hijos de emigrantes, no tienen garantizada la atención médica en este país

 

Resumiendo, España no cumple lo que dice el artículo 39.4 CE y los tratados internacionales que tiene suscritos y que deben garantizar el “derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada”.

 

Frente a esta realidad, en España tenemos diputados y eurodiputados que esconden sus Planes de Pensiones, en los que una parte son dotaciones con dinero público, a través de una SICAV en Luxemburgo, donde existe opacidad fiscal y sólo se tributa el 0,1%.

 

“Puertas giratorias” que colocan a expresidentes del Gobierno y exministros en Consejos de Administración de las grandes corporaciones eléctricas, petroleras o del gas, cobrando auténticas millonadas por no hacer absolutamente nada (Felipe González dice que se aburre).

 

Un Tribunal de Cuentas donde existen más “enchufes” que en un rascacielos. Sólo en el departamento informático, de sesenta trabajadores sólo cinco saben informática, el resto manejan, como cualquier hijo de vecino, el programa Word. Hasta el expresidentes Aznar tiene “colocado” allí a un hermano.

 

Los casos de corrupción en la clase política siguen descubriéndose un día si y otro también.

 

Un gobierno que con premeditación, alevosía y nocturnidad han fabricado un “aforamiento exprés” para el ex rey Juan Carlos, con efecto retroactivo, para salvarle de las demandas de paternidad que se le avecinan, concretamente frente a la demanda conjunta presentada en 2012 por parte de Albert Solá y de la belga Ingrid Jeanne Satiau, al asegurar ambos que son hijos de Juan Carlos, y pruebas médicas han demostrado que tienen un 91% de posibilidades de ser vástagos del mismo padre.

 

Un fiscal que dispara contra el juez y no contra una presunta delincuente, simplemente porque tiene apellido Borbón y es hermana del Rey.

 

Podría seguir desgranando ejemplos, pero estoy asqueado de descubrir tanta mierda acumulada en España por la corrupción y los privilegios de unos pocos, en la que hay una parte de la clase política que la ha propiciado y se beneficia de ella, mientras que, paralelamente y al mismo tiempo, en este país uno de cada cinco españoles (20,4%) vive por debajo del umbral de la pobreza y miles de niños pasan hambre y no tienen techo.