Cuando en medio de 32.000 personas hay unas doscientas de ellas que son capaces de desestabilizar gravemente el transcurso de un acontecimiento, es un signo evidente que algo va mal en nuestra sociedad, en la que se ha instalado, por diversos factores, lo que podríamos denominar una cultura de la transgresión y una marcada inclinación a violar la ley y burlarse de la ética y los valores.
Se nota en la sociedad una grave tendencia a resolver los problemas mediante el uso de la violencia o canalizar a través de ella otras tensiones. La suma de estos desordenes en la conducta social puede tener graves consecuencias en el modelo de sociedad que vivimos y nos debería llevar a preguntarnos qué modelo de sociedad o país queremos, porque la violencia está aumentando. Deberíamos preguntarnos también qué responsabilidad implícita tiene los responsables del orden público ante el hecho evidente de que la impunidad se ha transformado en un elemento cotidiano.
La crisis de valores que estamos padeciendo afecta a grandes sectores de la población contribuyendo a aumentar la violencia con un crecimiento alarmante de situaciones como las padecidas en el Estadio Gran Canaria. El problema adicional que se crea no es sólo el aumento de la violencia sino la aceptación de la misma como un elemento para dirimir conflictos.
La lentitud y, en ocasiones, incompetencia de la justicia contribuyen a la impunidad y la desidia ante el delito. Si lo que antes era delito ahora ya no lo es, cabe esperar un aumento de todas las manifestaciones de violencia tanto organizadas como espontáneas o individuales con la progresiva destrucción de la convivencia civil que ello conlleva.
Lo ocurrido en el estadio Gran Canaria es de una gravedad que va más allá de las consecuencias deportivas que ello conlleva. Supone para la isla de Gran Canaria no sólo afrontar el bochorno de un lamentable espectáculo sino también una importante pérdida económica.
Estamos viendo con demasiada frecuencia cómo la existencia de grupos de incontrolados pone en jaque a la mayoría de la población sin que haya signos que nos hagan concebir una solución a este problema. Y no lo hay porque los individuos que componen estas manadas no tienen la más mínima conciencia de lo que significa el orden y el respeto.
Podemos poner todos los calificativos posibles a situaciones como las vividas en el estadio pero eso no basta. Lo acontecido allí debe constituir un serio aviso a los estamentos que tienen la obligación de velar por la seguridad ciudadana para que, no sólo sean capaces de prever este tipo de acciones sino actuar con la contundencia necesaria para que no vuelvan a producirse.
En este sentido cabe preguntarse qué papel ha jugado la Delegación del Gobierno para poner los medios disuasorios necesarios para que estos actos no ocurran porque la imagen que se dio a toda España es que quienes dominaban la situación eran los miembros de una pandilla de incontrolados que fue capaz de producir tanto daño en tan poco tiempo.
El inquebrantable respeto a la ley debe ser la base de la recuperación moral y ética de nuestra sociedad. Un hecho que debería preceder a la anhelada y merecida recuperación económica.
Segismundo Uriarte es maestro y técnico en Radiodifusión.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.88