Pablo Iglesias y el acatamiento de la Constitución

En las elecciones para el Parlamento Europeo celebradas el pasado día 25 de mayo, entre los 54 europarlamentarios que corresponden a España, cinco de ellos salieron elegidos por el partido político en construcción Podemos, liderado por Pablo Iglesias.

 

Desde la derecha y la izquierda tradicional de este país, una vez que Podemos puso patas arriba el mapa político español, Pablo Iglesias y Podemos no dejan de recibir ataques descalificadores. Reaccionan como si le vieran las orejas al lobo, porque todos ellos forman parte del establishment de este país (lo que el propio Pablo Iglesias denomina “casta”), que se reparten el poder político y económico y se perpetúan en el poder bajo la fórmula: “ahora tú y después yo”.

 

Por su forma de vestir y su coleta, han querido descalificar a Pablo Iglesias y las cabezas visibles más conocidas de Podemos como si se trataran de “friáis” (= 'extraño', 'extravagante', 'estrafalario').

 

Dentro de Podemos, Pablo Iglesias es el más conocido y mediático, por sus apariciones en las televisiones; pero de “friki” no tiene nada.

 

Pablo Iglesias es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus actividades académicas tenemos: es licenciado en Derecho (promoción de 2001) y en Ciencia Política (con premio extraordinario, en 2004) por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el doctorado en 2008, con una tesis sobre la acción colectiva postnacional bajo el título de «Multitud y acción colectiva postnacional: un estudio comparado de los desobedientes: de Italia a Madrid (2000-2005)». Otros estudios de posgrado realizados incluyen un máster en Humanidades (2010) por la Universidad Carlos III (de Madrid) con una tesis sobre análisis político del cine, y un Master of Arts in Communication (2011) por el European Graduate School (Suiza), donde realizó cursos de filosofía de los medios de comunicación y estudió teoría política, cine y psicoanálisis. Desde 2002, ha publicado más de 30 artículos en revistas académicas. En resumen, que Pablo Iglesias y muchísima gente que han impulsado Podemos son gente muy cualificadas y por eso el poder político y económico que manejan este país desde hace décadas se ha puesto muy nervioso.

 

De acuerdo con las normas de procedimiento establecidas, los europarlamentarios deben acatar la Constitución de su propio país para poder recibir el acta que les acredite como tales y formar parte del Parlamento Europeo.

 

El acatamiento a la Constitución Española se señaló para el pasado viernes en el Congreso, presidido por la Junta Electoral Central, quienes antes de iniciar el acto advirtieron que no permitirían ninguna expresión de acatamiento que no fuera la formalmente establecida.

 

Por Resolución de la Presidencia del Congreso, de 30 de noviembre de 1989, sobre la forma en que se ha de prestar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución previsto en los artículos 4 y 20 del Reglamento de la Cámara, se estableció la siguiente fórmula: El Presidente preguntará al Diputado que haya de prestarlo: «¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?» Dicha pregunta será contestada mediante la expresión «Sí, juro» o «Sí, prometo».

 

Ese acto despertó unas expectativas mediática no conocidas con anterioridad porque los medios querían saber cuán sería la posición del cabeza visible de Podemos, Pablo Iglesias. Sorprendentemente, fue Pablo Iglesias quien centró la atención de los medios de prensa. En las imágenes se veía, entre otros, a Miguel Arias Cañete, del PP, sentado y pasando prácticamente desapercibido, y para él el acto se celebró sin pena ni gloria.

 

Cuando le tocó el turno de acatar la Constitución, el Presidente de la Junta Electoral Central le preguntó: «¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?».

 

Pablo Iglesias respondió: «Sí, prometo, hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía de los derechos sociales».

 

Al término del acto por el que Iglesias tomaba posesión del cargo de diputado del Parlamento Europeo, los miembros de la Junta anunciaron que se retiraban para deliberar si las fórmulas elegidas por algunos eurodiputados podrían considerarse válidas o no.

Horas más tarde, dieron por válidas todas las fórmulas, incluida la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, o las de los parlamentarios de la Izquierda Plural que, "como republicanos", han prometido "por imperativo legal". Tras esta decisión, los eurodiputados pudieron recoger formalmente sus actas.

 

La Constitución Española de 1978 fue un instrumento legal funcional y operativo para pasar la transición de una dictadura, que duró casi cuarenta años, a la democracia. Pero no cabe duda de que con el paso de los años, se ha quedado anticuada y no sirve para las necesidades de las nuevas generaciones.

 

Dos tercios de los españoles no votaron esa Constitución, bien porque no habían nacido cuando se aprobó, bien porque no tenían edad suficiente para votar.

 

Muchos de los derechos básicos para los ciudadanos, son sólo “papel mojado” en la Constitución. Pongo algunos ejemplos:

Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. (Que se lo digan a Cristina de Borbón).

 

Artículo 27.1: “Todos tienen el derecho a la educación”. (Que pregunten a los estudiantes sin recursos, a los que Wert ha quitado las becas).

 

Artículo 31.1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. (Un autónomo tributa el 21% de sus ingresos. Las empresas del IBEX35, que son las más poderosas del país, sólo pagan el 6%. Muchos millonarios tienen su dinero en paraísos fiscales).

 

Artículo 35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. (Que se lo digan a los seis millones de parados o a los que trabajan en precario y en condiciones leoninas).

 

Artículo 39.1: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. (Hay más de dos millones de familias sin recursos económicos de ningún tipo, viviendo en situación de miseria extrema).

 

Artículo 39.4: “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. (Hay cientos de miles de niños que pasan hambre en este país y comen gracias a los comedores escolares. Al PP no le gusta que los comedores escolares abran en vacaciones).

 

Artículo 41: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres” (El PP no hace otra cosa que privatizar la sanidad pública y ha cortado el acceso a la misma a cientos de miles de personas que viven en este país).

 

Artículo 44: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho” (Montoro limita ese acceso a la cultura gravándolo con un 21%, salvo que se traten de películas porno).

 

Artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (Los poderes públicos se han concertado en España con los poderosos –bancos- y los desahucios son el pan nuestro de millones de familias que se han quedado sin trabajo, sin vivienda y sin comida).

 

Artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” (Los poderes públicos están congelando pensiones y obligando a pensionistas a pagar por medicamentos y servicios sociales y sanitarios necesarios a los mismos que antes eran gratuitos).

 

En resumen, que esta Constitución no sirve para nada de lo que necesitan los ciudadanos de a pie y habrá que cambiarla desde que se pueda. Podemos trabaja para que así sea.