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En legítima defensa

Cristina Jueves, 22 de Mayo de 2014 Tiempo de lectura:

No hay legislación ni terrena ni “divina” que no reconozca la obviedad que conlleva el derecho a preservar la propia vida ante la intención de otro u otros de atentar contra ella. Aludo a las terrenas porque todas las constituciones nacionales y declaraciones universales expresan y consagran el derecho a la vida, al que incluso dan apellido de digna en sus textos, pero también menciono las “divinas” porque hasta en la última encíclica del conservador Papa de la cristiandad, el ya fallecido Juan Pablo II, éste calificaba expresamente como de “legítima defensa” la “obligación de preservar a ésta y los elementos que le dan sentido”, aunque los representantes de su jerarquía en España parecieran sólo circunscribirla para los no nacidos.
 
Algunos estudiosos de la letra pequeña y los detalles dentro del laberíntico mundo de las leyes, han querido ir puliendo a lo largo de la historia que tal derecho, el de la legítima defensa, tenía que ver con nuestro lógico instinto de conservación o supervivencia y que sólo había que darle ese barniz de doctrina, de atenuante de obligada atención por quienes deberían garantizar nuestra mejor convivencia en sociedad. Y así las cosas, hemos visto casos en que víctimas eran eximidas de castigo, al probarse que salvaron sus vidas gracias a una reacción u acción que perseguía el que otro no se la arrebatara; o lo que es lo mismo, la sociedad creaba una zona intermedia entre la barbarie impune y el ojo por ojo.
 
Todas esas letras mayúsculas, convertidas en principios, valores y fundamentos de civilización nos llevarían pues a pensar en buena lógica que conllevaría pues entender como delito cualquier atentado contra la vida, como delincuente/criminal al sujeto que así lo intentara y como ejercicio de legítima defensa hacer lo necesario para salvarse ante tal agresión.
 
Sólo me quedaría por escudriñar un poco en el concepto de vida para enfilar definitivamente la razón que me lleva a escribir estas líneas. Si lo entendemos como Maslow y le otorgamos a esa vida unas necesidades humanas que cubrir para que sea plena, hablar de vida sería hablar de poder comer, poder tener un techo, poder contar con salud, con educación, con un empleo, como lo más básico de una retahíla aún mayor que hiciera real eso que llaman bienestar y felicidad.
 
No pretendo atentar contra la inteligencia de nadie, ni hacer simple lo que se perfectamente que es más complejo, pero no acusar de atentado a la vida todo aquello que hoy, en forma de políticas, nos está condenando en el Estado español y Canarias a conocer que hay millones de personas que están en el umbral de la pobreza, otros tantos que no tienen ni tendrán probablemente más un empleo, a otros tantos que mueren en listas de espera o ven agravarse sus enfermedades por los recortes, a decenas de miles de estudiantes en todos los grados de su educación privados de lo más mínimo, a millones de personas dependientes abandonadas a su suerte, a ancianos arruinados por productos tóxicos de la banca, etc, uno se pregunta si no estamos ante criminales políticas que atentan contra la vida. Uno se pregunta qué recurso que no sea la legítima defensa puede ser el mejor cuando de nada valen las denuncias, las manifestaciones, las huelgas, las protestas; qué recurso queda cuando se echa a los jueces que intentan hacer algo por las víctimas, se aplasta mediáticamente la contestación, se pasa el rodillo de una mayoría absoluta que huele a dictadura, se obvia la vida y se priman intereses de naturaleza económica y catadura criminal.
 
Sólo queda la legítima defensa, subvertir el estado de cosas y el discurso oficial de quienes son los buenos y quienes los malos, quienes son la casta criminal y quienes sus víctimas para así volver a recuperar el sentido común, el verdadero sentido del derecho a la vida que sólo puede adquirir todo su sentido si es digna.
 
Que no se confundan mis palabras. No hago loa alguna a la violencia, a los ajustes de cuentas por venganza que días atrás ya han dejado a un cargo público del PP fatalmente asesinada. Hablo de legítima defensa, de castigar severamente a quienes están propiciando este genocidio social y en democracia, por endeble e insuficiente que ésta sea, eso se puede conseguir en las urnas. Tampoco soy un idealista empedernido ni un utópico sin miras claras y se que la política actual, la falsa democracia actual, está dominada por oportunistas, piratas, mafiosos y las rémoras que pretenden vivir de sus migajas, pero la única forma de botarlos de nuestras vidas es votar partidos que vayan contra este actual sistema que cada día está más claro atenta contra la vida. Somos más y por eso no podemos ser menos.
 
Votar pues para botarlos es un acto de legítima defensa, salvo que haya quien ya absteniéndose de todo, prefiera el silencio de los corderos, su asesinato social.
 
José Carlos Martín Puig es sociólogo y fue jefe de Gabinete de Alcaldía durante el Gobierno anterior de Telde.
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