Avanzamos rápidamente en el curso de los días, la velocidad de nuestras vidas es un hecho incontestable, ya llevamos casi cuatro meses corridos del 2014 y pronto dejaremos atrás la pertinencia –cuando no la penitencia– de la Semana Santa. El siglo XXI se nos está echando encima, y muchos no parecen recaer en ello.
Siempre se ha dicho que los ámbitos jurídico y político van a la zaga de la realidad imperante, con el paso cambiado, intentando atrapar a las circunstancias y amoldarse a los nuevos tiempos. Hoy parece que esa brecha se ha hecho más pronunciada, con un distanciamiento evidente entre la gente a ras de suelo y los dirigentes que copan las instituciones y los órganos de poder. El sistema está fallando, y cada vez son más las voces críticas que se quejan de este modus vivendi, o que simplemente se alejan y se instalan en otras esferas particulares de intereses (el fútbol, la televisión, los móviles o cualquier otra “herramienta” pasiva). Hacen falta soluciones integradoras, en beneficio de los individuos y de la colectividad en general.
La democracia en nuestro país, independientemente de dónde sitúe cada cual las fronteras de su propia nación, necesita una reconfiguración intensa, profunda, un nuevo posicionamiento más abierto y participativo, porque es lo que demanda la mayoría: tener más voz y no sólo cada cuatro años en elecciones. ¿Veremos pronto la institucionalización de las consultas?, ¿no está madura la sociedad para dejarse oír en referéndums habituales? No se trata de una cuestión oportunista sobre territorios o nacionalismos, sino de dotar a la expresión popular de mecanismos ciertos de manifestación.
También son perentorios partidos auténticamente democráticos, hechos de abajo arriba, con listas abiertas y primarias para selección de candidatos, sin la soberanía del dedo elector –véase lo ocurrido con el reciente nombramiento de Arias Cañete para los comicios europeos–, o la preponderancia del denominado “aparato del partido”, que impide cualquier movimiento a las bases –véase en este caso lo ocurrido entre los socialistas, con la actitud estática de Rubalcaba y su equipo–.
La Constitución, en este sentido de amplio calado, debe dejar de considerarse como algo inasible, inmutable, aunque tampoco debe modificarse subrepticiamente porque así lo manden el BCE y los mercados. Una Constitución viva que ampare a los ciudadanos, no un arma arrojadiza para que todo permanezca como está.
En definitiva, convertir a las personas en el centro de la actividad política, el objetivo prioritario de cualquier tipo de iniciativas. Para eso habría que adaptar el funcionamiento de los gobernantes, modificando su rol para colocarlos bajo la autoridad de los electores, es decir, con palabras llanas, gobernar para y por el pueblo y, sobre todo, hacerlo según lo dictamine éste, solicitándole su opinión en las medidas a tomar. El ejemplo más palmario, pero que ha sido hasta ahora obviado, es el de los presupuestos participativos, decidir en qué y cuánto se gasta.
Y este nuevo orden de cosas llevaría aparejado, además, la debida fiscalización del poder público, con el reforzamiento de figuras como el Diputado del Común, los Tribunales de Cuentas y los consejos consultivos, por más que no estén muy prestigiadas en estos momentos, acosadas por las restricciones financieras del Estado, que al fin y al cabo suponen el debilitamiento de estas fórmulas de control.
A estas alturas, el mensaje podría sonar a algunos demasiado revolucionario, y quizá algo de razón tengan, pero no es aquí el interés alertar a nadie, ni mucho menos reivindicar actuaciones violentas. Simplemente que, a partir de una visión estructural, la época que vivimos nos está exigiendo que se intenten nuevas vías de convivencia, más ecuánimes y equilibradas, donde lo económico quede circunscrito a un marco más asumible socialmente, donde las desigualdades y las dificultades disminuyan considerable e irreversiblemente, y donde la población pueda sentirse reconfortada y bien defendida por sus legítimos representantes. Tal vez, sí, puede ser éste un deseo complicado de conseguir. Pero no por ello debiéramos dejar de intentar escapar de la ratonera en la que parece que actualmente nos encontramos.
José Iván Rodríguez es licenciado en Historia.
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