No conozco a ningún ciudadano imputado penalmente en este país que tenga a su favor y defendiéndola al Estado, a través de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria, el CNI y los políticos que representan al Gobierno; y a la vez tenga a sus propios abogados particulares, salvo el caso de Cristina de Borbón.
Eso sin contar también con todos los medios de prensa conservadores, que si pudieran ya habrían enviado al juez José Castro a la hoguera, como se hacía en la época de la Inquisición, a la que nos estamos acercando a marchas forzadas en los últimos dos años.
Además de tener al aparato del Estado protegiéndola, resulta evidente que los hilos se mueven desde la propia Corona, ya que Cristina es una de ellos, también dispone de dos abogados de reconocido prestigio, que se encargan de la dirección legal personal y particular. Uno de ellos es Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, al que la propia Casa Real contrató el pasado 5 de abril de 2013 para que defendiera a la Infanta en todo lo relacionado con el proceso del ‘Caso Nóos’, empezando por las diligencias necesarias para evitar que prosperara su imputación. El otro abogado es el penalista Jesús-María Silva Sánchez, catedrático de derecho penal y toda una eminencia en la materia, socio de la firma “Molins & Silva”. En el asunto del ‘Caso Nóos’, Miquel Roca pone la cara y los contactos, incluyendo los políticos, y Jesús-María Silva Sánchez pone sus conocimientos jurídicos en derecho penal.
Tal y como están las cosas, Cristina de Borbón puede prescindir de sus dos abogados particulares, porque prácticamente el único consuelo que tendremos los españoles es la comparencia como imputada ante el juez José Castro el próximo día 8 de febrero. A partir de ese día el caso acabará cerrándose para ella, sin que nadie la pueda acusar, porque tanto el Abogado del Estado, que defiende a la Administración Central, como el Fiscal Pedro Horrach, que lleva la acusación pública, tienen muy claro que en este caso tienen que poner toda la carne en el asador para salvar el culo de Cristina de Borbón, y vaya si lo hacen.
En esta pasada semana ha sido de pena ver el furibundo ataque personal del Fiscal Pedro Horrach contra el juez José Castro por haberse atrevido a imputar a la Infanta Cristina en un documentado y bien fundamentado Auto de 227 folios.
Si el Fiscal no estaba de acuerdo con dicho Auto de 7 de enero de 2014, por el que se imputó a la Infanta Cristina la presunta comisión de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, por no considerarlo ajustado a derecho, por qué no lo recurrió en revisión o en apelación, como era su deber, puesto que el Fiscal teóricamente tiene el deber de defender la legalidad.
Por el contrario, en lugar de recurrir dicho Auto, si lo consideraba no ajustado a derecho, dedicó todo su esfuerzo a intentar machacar verbalmente al juez instructor José Castro por atreverse a cumplir con su deber, actuar como juez independiente. Parece muy evidente que el Fiscal actúa y actuó como un mandado de más arriba. Su dependencia del Gobierno es muy clara y desde instituciones comunitarias se cuestiona la politización de la Fiscalía en España.
El propio Consejo de Europa cuestiona la independencia de la Fiscalía en España y denuncia su politización [http://vozpopuli.com/actualidad/37268-el-consejo-de-europa-cuestiona-la-independencia-de-la-fiscalia-en-espana-y-denuncia-su-politizacion].
El ataque del Fiscal Pedro Horrach también ha levantado ampollas y el rechazo de algunas de las asociaciones de jueces.
En la edición digital de El Mundo, de 16 de enero, podemos leer “La asociación de jueces Francisco de Vitoria (AFV), la segunda de mayor implantación en la carrera judicial, considera "intolerable" que el fiscal Pedro Horrach se haya "sumado" a la "campaña de desprestigio" del juez de Palma de Mallorca José Castro, instructor del caso Nóos, que afecta a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdandarin”
[http://www.elmundo.es/espana/2014/01/16/52d7d1c9e2704e486c8b4577.html]
En elplural.com del día 18 de enero se incide en el mismo rechazo, donde se hace constar: “Los jueces conservadores también apoyan al instructor del ‘caso Nóos’. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura denuncia los “ataques personales” contra José Castro”.
[http://www.elplural.com/2014/01/18/los-jueces-conservadores-tambien-apoyan-al-instructor-del-caso-noos/]
En Diariocritico.com del 18 de enero también podemos leer que "Los jueces demócratas defienden a Castro y cargan contra el fiscal Horrach, el defensor de la Infanta. Jueces para la Democracia ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado que adopten todas las medidas necesarias para que no siga produciéndose ninguna forma de presión hacia el juez José Castro, "a quien apoyamos en el ejercicio de su independencia judicial".
[http://www.diariocritico.com/nacional/infanta-cristina/caso-noos/pedro-horrach/juez-castro/449182].
Pues todo eso no servirá para nada. Ni la Abogacía del Estado ni el Fiscal Pedro Horrach pedirán pena alguna para la Infanta Cristina, y aplicando la “doctrina Botín”, al no existir acusación pública, Cristina de Borbón “saldrá de rositas” de este caso y a esquiar en Suiza. La acusación popular de “Manos Limpias” nada puede hacer.
Si en lugar de Cristina de Borbón fuera cualquier otra ciudadana de este país, acabaría con una condena de cuatro años de prisión, pero es lo que hay.
En este país, cuando se trata de gente intocable, los Fiscales usan otro rasero. Baste con comprobar las actuaciones de la Fiscalía cuando el juez Elpido Silva envió a Blesa (al amigo de Aznar) a la cárcel o la del Fiscal Pedro Horrach en el caso de Cristina de Borbón.
Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.
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