Infanta imputada

Para poder tener un criterio propio he tenido la paciencia de leer los 227 folios (del 25676 al 25902 correspondiente a la Pieza Separada Nº 25) de las Diligencias Previas Nº 2677/08 que instruye el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca.

 

Es cierto que con la Infanta Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia la justicia, en todos sus estamentos, ha venido operando de forma muy diferente a como lo hace con cualquier ciudadano de a pie de este país; pero no por “ser quien es”, en el sentido o significado que a esta expresión ha mencionado el Fiscal o su propio defensor, haciendo entender que a Cristina se la imputa simplemente por ser miembro de la Casa Real y sin que contra la misma exista el menor indicio de haber cometido un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.

 

Soy de los que pienso que si fuera cualquier otro ciudadano de este país, hace mucho tiempo que ya habría estado imputada, pero aquí han movido mar, tierra y aire para tratar que la esposa de Iñaki Urdangarin no pisara el juzgado como imputada, a pesar de que, tal y como desgrana el juez José Castro en su Auto, Cristina de Borbón participó activa y conscientemente a través de la empresa Aizón en los presuntos delitos fiscal y de blanqueo de capitales; o como dice el juez en su Auto de 7 de enero de 2014, “En este tipo –de delito- no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles”, viéndose obligado para ello el mencionado juez Castro (frente al Fiscal, al Abogado del Estado, a la defensa y hasta otros Jueces de instancia superior) a tirar de lo establecido en una docena de sentencias, algunas de ellas del propio Tribunal Supremo.

 

Todo esto viene a cuento porque la estrategia de la defensa de Cristina de Borbón, que también ha asumido otros operadores de la justicia, es que la “pobre Cristina no se enteraba de lo que hacía ni de lo que firmaba”. En la conciencia ciudadana no está interiorizado que sea justamente Cristina la más tonta entre los miembros de la Familia Real.

 

Tampoco podemos aceptar como línea de defensa para llegar a la conclusión de que Cristina de Borbón no cometió ninguno de los delitos que le imputan porque "es una persona enamorada de su marido", tal y como mantiene el abogado penalista Jesús María Silva, uno de sus abogados defensores, junto con Miquel Roca i Junyent, en el llamado 'caso Nóos'. El citado abogado manifestó que "Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona: Amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles".

 

Si esta tesis se aceptara como línea de defensa y fuera considerada por los tribunales para absolver a Cristina de Borbón, los abogados nos frotaríamos las manos, porque podríamos usar esta estrategia en todos los casos en los que tuviéramos a los dos miembros de una pareja imputados en determinados delitos, puesto que haríamos que manifestaran estar locamente enamorados/as de sus respectivas parejas y confiaban plenamente en ellas.

 

El juez José Castro ha tenido y tiene enfrente a una parte importante del Estado, porque no deja de ser un escándalo mayúsculo que un heredero de la Corona y miembro de la Casa Real pueda ser imputada, enjuiciada y condenada por los tribunales de justicia. Pero eso es ir muy de prisa.

 

El juez José Castro se ha tenido que currar mucho ese Auto, incontestable, para imputar a la infanta Cristina, echando mano de toda la jurisprudencia habida para cubrirse las manos desde el punto de vista jurídico, y eso le llenado a redactar un AUTO de 227 folios (casi un libro), caso insólito en este país, porque también es insólito ver a una heredera a la Corona imputada.

 

Hasta ahora se han movido muchos hilos y se seguirán moviendo para que el caso de Cristina de Borbón quede en nada. Se ha llegado a decir que hasta el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), el servicio secreto español, ha estado indagando en la vida del juez Castro a ver si lo pueden coger en un fallo o renuncio, como decimos por aquí. El pasado 28 de octubre de 2013 en “Interviu.es” [http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-juez-y-el-fiscal-objetivos-del-cni] se publicó: “El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, encargados del caso de Iñaki Urdangarin, han recibido mensajes, presiones y amenazas anónimas. Algunos de sus familiares se sienten vigilados. Sospechan que el servicio secreto se entromete en su investigación o al menos la 'supervisa' para proteger a Iñaki Urdangarin y a su esposa, la infanta Cristina. Desde hace un año, juez y fiscal tratan de averiguar la implicación del CNI en esas maniobras. Pero no han conseguido, siquiera, que se les pongan al teléfono. Eso sí, alguns de los espías que les vigilan les envía, cariñoso, un 'christmas' por Navidad”.

 

La prensa más conservadora de este país (ABC, La Razón, etc.) no saben como “crucificar” al juez José Castro para apartarle del caso. El digital “ABC.es” [http://www.abc.es/espana/20130910/abci-castro-manos-limpias-201309092124.html] del pasado 16 de septiembre de 2013, con video de una charla entre el juez José y la abogada de Manos Limpias (una de la acusaciones del caso), Virgina López Negrete, se prestó ABC a realizar todo tipo de especulaciones, dando a entender la existencia de una connivencia entre juez y abogada.

 

Después de la publicación del Auto de 7 de enero de 2014 por la que imputó a infanta Cristina de Borbón, la derecha más reaccionaria no ha dejado en el cajón ni un solo adjetivo descalificativo a la hora de opinar del juez José Castro. Llegan a considerar al juez José Castro como un incompetente, porque no les gustan las chaquetas o el vestuario que usa.

 

Ojala en este país tuviéramos unos cuantos jueces José Castro, Elpido Silva o Pablo Ruz, pero para desgracia de los ciudadanos, son 'avis raris' dentro de la justicia, que desgraciadamente muchas veces se tapa la nariz, por el hedor que desprende tanta corrupción, y miran para otro lado como si nada pasara.

 

La pena es que el trabajo de estos jueces solo es de investigación. Serán otros los que hagan los juicios y puede pasar que esto acabe “donde dije digo, digo Diego”; es decir, que quede en “agua de borrajas”. Y si no es así, estará el Gobierno de turno con su indulto salvador. Veamos en qué termina el caso de Jaume Matas.