La ciudadanía no es idiota

La ciudadanía no es idiota. O cuando los expertos se olvidan de su condición

El derecho a la libertad de expresión es un logro distintivo de los Estados de derecho liberal que, solo con los límites que impone la ley -como para proteger el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen-, permite que cada cual pueda hacer público su parecer sobre cualquier cuestión.

Gracias a este derecho, en el ámbito cultural occidental, como podemos constatar gracias a las redes sociales creadas en internet, infinidad de personas vierten cotidianamente su opinión sobre los más variados asuntos sin más consideración que expresar lo que les parece, aunque como la expresión, por sí misma, no garantiza ni la capacidad ni la pertinencia, no aporte mucho a la dilucidación de temas de extraordinaria implicación social o complejidad científica. Por no hablar de las cuestiones fuertemente contaminadas por intereses de parte o ideológicos, que son legión.

Con todo, frente a la censura, tan del gusto de los regímenes e instituciones autoritarias, la libertad de expresión, incluso, cuando no es un fin en sí misma, como en los asuntos de gran calado, es un procedimiento que garantiza el que los miembros de la ciudadanía con mayor experiencia, conocimientos o capacidad puedan expresarse sin cortapisas, permitiendo que el saber y la sensibilidad más controvertidos, innovadores o críticos afloren y las sociedades avancen.

Obviamente, en un mundo atravesado por múltiples intereses contradictorios, la libertad de expresión es un objeto preferente de atención de los distintos poderes en pugna. Y, por ello, es tan relevante que no se confundan los medios y los fines, es decir, el permitir que (casi)todos los pareceres emerjan para que los más rigurosos y relevantes se distingan. Sobre todo por parte de quienes tienen reconocimiento institucional, cultural o social. Porque a los distintos ámbitos del espacio público no todo el mundo accede en igualdad de condiciones ni tiene la misma capacidad de influencia su opinión.

Por ello, las y los ciudadanos que tienen altas titulaciones académicas, y por ello se les presume opiniones más fundadas y justificadas, tienen especial responsabilidad en esta cuestión. A quienes así se identifican les toca ser especialmente considerados y escrupulosos a la hora de emitir sus pareceres. En el ágora pública, hasta cuando se trata de opinar, los esfuerzos, requisitos y objetivos que traen la formación recibida y su práctica no son opcionales.

De lo contrario, corren el riesgo de incurrir en ese “rio revuelto” en el que, ni en lo público ni en lo privado, hay modo de distinguir entre prejuicios y tesis, entre exabruptos y criterios o entre cabeza y corazón y tripas y casquería. De muestra, un botón, y sin ánimo de hacer de ello una categoría del autor, pues ¿quién no tiene un día espeso o tonto?

Rafael Álvarez Gil es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración y doctor en Derecho, habiendo realizado su tesis doctoral con la mayor puntuación. Es autor de diversos ensayos y colaborador en cadenas de radio y televisión y a menudo publica en medios periodísticos. No obstante, recientemente, en su columna de opinión en el periódico digital TELDEACTUALIDAD y con el título “Otra víctima del alcalde”, ha publicado un artículo que sirve de ejemplo de los estragos del “pensamiento débil” (más bien “perezoso”, en este caso, pues conocimientos no le faltan al articulista) cuando un experto “baja la guardia”.

Por su discrepancia manifiesta ante el cese de dos concejales del equipo de gobierno, y empleando un lenguaje carente de consideración y respeto -no ya al cargo, sino a la personaque empieza por el título, en el que, por inferencia, adjudica la condición de victimario (y reincidente) al actual alcalde del Ayuntamiento de Telde, Álvarez Gil elabora un atropellado discurso, ahora chulesco (“Si quieres cesar a alguien, césalo.”), después condescendiente (“No tienes que fabricar relatos.”) y a menudo descalificador (“(…) los envía al basurero político”; “No se puede jugar con las personas y su credibilidad social de tal forma”.).

Para reforzar su posicionamiento no escatima tópicos al uso, como “(…) cuando todo el mundo desea seguir en la primera línea política al precio que sea, a veces con navajazos al compañero”; (“(…) corrupción de tomo y lomo.”; “La ciudadanía no es idiota.” o “Cuando se traspasan límites en la vida pública, suceden cosas que luego revertirlas cuesta mucho.”.

Para terminar ajustando cuentas con la fuerza política a la que pertenece el alcalde: “Ciuca judicializó la política en Telde cuando la primera edila era Carmen Hernández” que equipara a “embarrar la política como instrumentalización y degradación del adversario hasta que se alcanza el poder y después se impone una falsa calma. Es una doble vara de medir”.

Y, no obstante haberse despachado en el inicio de su escrito con un “vaya usted a saber” con lo que pasa en el interior de los órganos políticos de gobierno, concluye su visceral y parcial análisis, decantándose, sin más, por una de las partes en controversia, afirmando que “Las declaraciones de la concejala denuncian el ninguneo al que fue sometida por Peña”. Y con un pronóstico tan preocupante como gratuito: “Se barrunta un desconcierto creciente en el mandato”.

Mención aparte merece su alusión a un intento de boicot en el pasado periodo electoral (“(…) manada con actitudes antidemocráticas”) que califica de protofascismo (sic), el cual, que “hasta donde sepamos todavía, no lo organizó directamente ninguna formación política de las que estaban entonces en la oposición”. Ahí lo deja.

En fin, si un Doctor con nota cum laude, tras “rasgarse las vestiduras” ante el descrédito de la política faltando a la dignidad de los adversarios, así argumenta y se pronuncia ¿Qué nos cabe esperar?