Un acuerdo social

No se recuerda un pacto de inicio bendecido por los sindicatos de clase. Es verdad que los gobiernos de coalición aparecen a partir de 2020, es decir, ayer, pero ni el propio Felipe González que gobernó más de una década (1982-1996) ostentó semejante apoyo de las centrales sindicales. Ha tenido que haber un Ejecutivo con varios partidos para que precisamente las demandas sociales y laborales tomaran fuerza en la acción de Gobierno.

Aquí el PSOE se siente cómodo. No es que le nazca, me ciño a González tal como lo he mencionado. Se ve obligado el PSOE solo cuando tiene que ceder para tomar poder pues, de lo contrario, adquiere predominancia las clásicas voces liberales de Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Nadia Calviño… Por tanto, el PSOE acepta cuando no lo queda otra, pero al menos lo hace. No ocurre así cuando hablamos de la Jefatura del Estado o cuestiones internacionales como el Sáhara Occidental y Palestina. Por cierto, la causa saharaui se merecía un compromiso. Quizá ha sido la moneda de cambio que Yolanda Díaz ha empleado para arrancar a Pedro Sánchez otras cosas.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI), aumentar los permisos de maternidad y paternidad, abordar el modelo de despido apostando por la auténtica disuasión y que sea tan solo el último de los recursos, elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores acorde a los tiempos actuales… Estos serán los temas, junto al territorial, que marcarán la siguiente legislatura; con permiso de Carles Puigdemont, obviamente.

Comisiones Obreras y UGT hacen suyo el acuerdo. Lo aplauden porque lo sienten cercano a las inquietudes de la clase trabajadora, que ya sufrió años de recortes tras la Gran Recesión de 2008. Por no mentar la problemática de la vivienda que debe ser un derecho y no objeto de la especulación. La agenda social a la que se han comprometido el PSOE y Sumar es ambiciosa.

Por su parte, la patronal rechaza la necesidad de trabajar menos. Nada nuevo bajo el sol. Aunque la digitalización y la necesidad de la conciliación familiar imponen el principio de realidad. Este será el caballo de batalla. De la reforma laboral que derogó la del PP y que fue justo la bandera de Yolanda Díaz, quedó pendiente arrostrar el despido y la indemnización. De eso se trata ahora: aumentar la cuantía de la indemnización, desincentivar el despido de los trabajadores de menos antigüedad y, sobre todo, que prime la nulidad del mismo sobre la improcedencia. Un buen comienzo para aglutinar más respaldos parlamentarios de aquí a finales de noviembre, fecha máxima para celebrarse la sesión de investidura.