Ni seis meses ha tardado el Ejecutivo de Canarias en meterse de lleno en regular Radio Televisión Canaria (RTVC). El Consejo de Gobierno aprobó el lunes un decreto ley que retrocede a RTVC al control gubernamental. Con la figura del administrador general a propuesta del Gabinete autonómico volvemos a los inicios de la televisión pública. Dicha propuesta solo requerirá la mayoría absoluta del Parlamento. Y tal como está la configuración parlamentaria hoy por hoy, la mencionada mayoría viene a ser la de la investidura.
No se esgrime ninguna mayoría cualificada a lograr en la Cámara en aras del pluralismo político y el consenso institucional. Tanto a nivel estatal como canario se ha trabajado hace tiempo en romper la idea de que la televisión y radio pública sea un instrumento del poder. No ha sido fácil. Y queda mucho por avanzar. La primera tentación del político de turno es arrogarse para sí los medios de comunicación de titularidad pública. Ha sido así siempre y lo sigue siendo.
Fernando Clavijo ha escogido un buen momento para la maniobra. Justo en un espacio temporal en el que a Pedro Sánchez no le vendría mal contar en Madrid con el escaño de CC para ser investido (aunque no es determinante, solo Junts) y el PP ha quedado aminorado dentro del pacto. Los populares han perdido peso ante Clavijo desde que Alberto Núñez Feijóo no cosechó la mayoría absoluta de la mano de la ultraderecha. Vamos, un intervalo político perfecto para que el Gobierno de Canarias aprobara el decreto ley al calor del pretexto de la interinidad y ejecutar la modificación legal. El actual administrador único, Francisco Moreno, ya tendrá sustituto en la mente del lagunero.
Teóricamente este paso del decreto ley sería con ánimo transitorio, a la espera de una futura norma que regulase de manera definitiva RTVC. Me temo que esa transitoriedad se petrificará durante toda la legislatura. Y el que gobierne a partir de 2027 lo dejará como está. Cuesta más (mucho más) arrebatarle al presidente el control de la tele a que este lo asuma. Lógica sencilla, es la inercia del poder.
El PSOE podría interponer un recurso de inconstitucionalidad a través de su grupo parlamentario en Madrid. O hacerlo directamente el Consejo de Ministros. Dependerá de que Ángel Víctor Torres se lo pida a Pedro Sánchez. Si lo hiciera La Moncloa, se produciría la suspensión automática del decreto ley. El Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse sobre la suspensión en un plazo máximo de cinco meses. CC concluye que Sánchez tiene ahora otras preocupaciones. Este es el momento idóneo para Clavijo. Don de la oportunidad.
Olga Maria Rivero Santana | Miércoles, 11 de Octubre de 2023 a las 11:13:37 horas
Éso, siempre ha sido y será así, gobierne quién gobierne. Derechas, izquierdas, delante....vamos, da igual quién esté "tocando la Yenca" en cada momento. Los medios de Comunicación la prensa en general en todos sus formatos, a los que se les denominan "el cuarto poder", siempre han sido los principales "aliados" del Gobierno de turno. La libertad, la independencia real y verdadera de información, siempre ha estado y estará bajo "la lupa" de los mandatarios del momento, pues saben que así, se tiene "controlado al pueblo" Se "dice" y se "*informa" de lo que interesa y sí alguno "se desvía de la doctrina" ya se busca la manera de "acallarlo" Nada nuevo en este sentido, lo que varía son los que "protestan", no por creer en la Democracia y por lo tanto, en la necesaria libertad de éstos medios, sino porque no están en el "poder' y se les escapa su manejo.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder