El Consorcio de Emergencias solicita un mediador para las negociaciones colectivas

Los 19 ayuntamientos integrantes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno autonómico, han decidido por unanimidad solicitar un mediador a la Comunidad Autónoma de Canarias para que intervenga en las negociaciones colectivas debido al alejamiento entre lo solicitado por los bomberos, con un coste de 8 millones de euros anuales, y lo admisible por la Administración Pública, lo que se suma a las acciones jurídicas emprendidas contra los representantes del ente, que ahora deben abstenerse de formar parte de la mesa de negociación por seguridad jurídica e impide continuar el proceso negociador con las garantías requeridas.  

Dada la situación, la decisión fue tomada por unanimidad de los miembros del Comité Ejecutivo, integrado por representantes del Gobierno canario, el Cabildo de Gran Canaria, el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, en representación de los municipios de más de 50.000 habitantes, el alcalde de Agüimes, Oscar Hernández, en nombre de los municipios de más de 20.000 habitantes, y el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, por parte de los de menos de 20.000 habitantes y vicepresidente del Consorcio.

La decisión fue elevada a la Junta General, integrada por todos los consorciados, es decir, la administración autonómica, la insular, y 19 municipios de Gran Canaria, esto es, todos salvo la capital y San Bartolomé de Tirajana, que tienen sus propios cuerpos de bomberos, y contó con la asistencia, además de los alcaldes de Santa Lucía, Agüimes y Tejeda, de la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, y el primer edil de Artenara, Jesús Díaz, así como los responsables de Seguridad y Emergencias del resto de municipios.

La decisión fue trasladada esta semana a la mesa de negociaciones, cuyos miembros serán citados por el Tribunal Laboral Canario para la designación de mediador, una figura regulada por ley estatal y autonómica.

Propuesta inasumible por la administración

Los representantes de los trabajadores presentaron en la última mesa de negociación una propuesta por la que solicitan que la plantilla del personal operativo pase de 235 plazas a 318, esto es 83 personas más y un incremento del 35 por ciento.

Por otra parte, su jornada actual es de 1.642 horas anuales distribuidas en 66 jornadas de trabajo de 24 horas cada quinto día, en tanto que su última propuesta es reducir la jornada en 368 horas, un 22 por ciento, hasta llegar a 1.274 horas anuales distribuidas en 51 jornadas de trabajo.

Este incremento de personal junto a la reducción de jornada conlleva un sobrecoste de 8 millones de euros anuales adicionales a los 16 millones de presupuesto que tiene el Consorcio para el capítulo de personal, lo que supone un 50 por ciento adicional y, en definitiva, una propuesta muy alejada de lo admisible por la Administración Pública.

Por otra parte, 235 agentes y ex agentes, incluidos la totalidad de los representantes sindicales del área de extinción de incendios designados para la mesa de negociación, han presentado otras tantas denuncias penales por supuesta prevaricación administrativa contra el presidente, Pedro Justo Brito, y el gerente, Emilio Duch, de manera que por seguridad jurídica deben abstenerse de participar en las negociaciones hasta que se resuelva esta denuncia, lo que impide continuar el proceso negociador con las garantías requeridas.

Llegados a este punto, y puesto que los representantes laborales están legitimados para defender el interés de los bomberos, en tanto que los representantes del ente se deben al interés público, los órganos de gobierno del Consorcio de Emergencias han decidido recurrir a la figura del mediador en aras de la transparencia, buena fe y voluntad de llegar a un acuerdo con los funcionarios.