El saqueo de la luz

Recortes Cero denuncia que la escalada del precio de la luz representa, en los hechos, nuevos recortes contra el 90% de la población. Y no solo para los hogares sino especialmente para las empresas, las PYMES y los autónomos que ni tan siquiera tiene la opción de organizar o modular los horarios de consumo.

Al mismo tiempo, Suárez cree que “en España, la ley está hecha para beneficiar a los monopolios”, y sostiene que “este entramado legal permite toda clase de atropellos contra los consumidores, prácticas abusivas, contratos que incluyen conceptos de dudosa legalidad, practicas monopolistas, precios consensuados, etc.”

Frente a esta situación, desde Recortes Cero anuncian que, en las próximas semanas harán llegar al conjunto de las fuerzas políticas y sociales la propuesta de medidas básicas como “una nueva ley que fije los precios sin privilegios para las eléctricas”, recordando que, en España “se producen 5 tipos de energía y se subastan cada una a un precio; lo que ocurre es que si, por ejemplo, uno de estos tipos se compra a un precio máximo y el resto a la cuarta parte…, la ley les permite cobrar todo al precio del tipo de energía más caro, independientemente del precio del resto”. Y recuerdan que esta ley proporciona a las eléctricas “una superganancia que supera los 5.000 millones de € anuales”.

La segunda medida es la creación de “una empresa pública (como ya existe en la mayoría de países) que impida el abuso en los precios”, argumentando que “España es el segundo país desarrollado con menor peso público” y recordando que “Endesa era pública antes de malvenderla el gobierno de Aznar; y sigue siéndolo, pero de la Empresa Nacional de Electricidad de Italia”. En este sentido, Suárez subraya que “32 de las 50 mayores empresas eléctricas tienen participación pública en Canadá, China, Italia, Suecia, México, Rusia...”, concluyendo que “en estas naciones el precio de la electricidad es más barato porque el factor público en competencia en el mercado hace bajar los precios”.

Finalmente, aboga por aplicar un IVA reducido del 2% a la electricidad, como bien de primera necesidad y por “eliminar de la factura conceptos como el “déficit de tarifa”, alquiler de contador, etc.” denunciando que “estos conceptos los cobran como un recargo por gastos que ya se han amortizado y llevan más una década dando beneficios multimillonarios a los monopolios”.