Profesionales, activistas sociales y cargos públicos impulsan un manifiesto antirracista

Cientos de personas están firmando desde ayer un manifiesto impulsado por profesionales e intelectuales de reconocido prestigio, representantes de movimientos sociales y cargos públicos que aboga por una Canarias “antirracista más justa e igualitaria”.

El texto defiende que la presión demográfica que sufre el Archipiélago desde hace décadas no se ha visto agravada por la llegada de migrantes no regulares, señalando al modelo productivo y a la desigualdad como verdadero origen de sus problemas. Además, reclama a las administraciones y responsables políticos “un trato más justo y humanitario” para con las personas que están llegando desde el continente africano. 

Entre las adhesiones, destacan profesionales reconocidos, como el antropólogo Roberto Gil, la abogada Isabel Lecuona, el economista Antonio González Vieitez, periodistas como Herminia Fajardo, Adolfo Padrón, el historiador Agustín Millares o el químico y docente universitario Julio Muñiz; activistas sociales como Koldobi Velasco, Fernanda Gadea, Teodoro Bondyale, Ramón Alfonso, Zarife Dahoruch, Emma Colao, Jorge A. Hernández, Teresa Vega, Aomar Abad Jalil o Celso Díaz; y cargos públicos como el Teniente de Alcalde en LPGC Javier Doreste, la consejera insular del Cabildo de Tenerife María José Belda o la diputada en el Congreso Meri Pita; además de otras firmas como Victoria Casas o Antonio Aguado.

El manifiesto asegura también que referirse a la realidad migratoria actual con una retórica catastrofista, describiéndola como si se tratase de una “invasión”, es fruto de un proceso deliberado de racialización de un flujo de población que no representa ni el 3% del total de personas que llegan cada año a Canarias, con el único fin de generar “una alarma social irreal”.  Y acusa a administraciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación de incurrir en un delito de racismo cuando insisten en que el territorio se encuentra al límite de su capacidad de acogida, sobrepasado o colapsado por una situación que, eso sí,  “puede y debe manejarse de otra manera”.

Por todo ello, las más de 700 personas que ya se han adherido a pesar del poco tiempo que lleva circulando en redes exigen “al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España y a las instituciones europeas que, en el marco de sus respectivas competencias, dimensionen en su justa medida el drama humanitario que está viviendo el archipiélago, desarrollando políticas públicas que den un trato digno a las personas migrantes”. Esto pasa por “más medios para salvar más vidas, desbloqueo del tránsito de las personas migrantes hacia otros puntos del Estado y de Europa, y el cese de todo tipo de propaganda racista”.