La investigación sobre la matanza de perros en Telde, congelada pese a existir un sospechoso

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Telde.- La investigación por la aparición de cinco perros muertos en el cauce del Barranco Real está empantanada, y no por falta de sospechoso, que sí lo hay, sino porque aún no se han podido hacer los análisis. El motivo, el conflicto sobre qué administración paga las pruebas a los cadáveres.

Los restos de tres de los cinco perros hallados muertos en el barranco siguen congelados en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria más de un mes después de su descubrimiento, según revela Canarias7.

Aún no se ha podido hacer la necropsia para conocer las causas del fallecimiento, ni un estudio toxicológico para saber si fueron o no envenenados. Ambas pruebas son fundamentales para saber si hay o no delito, ya que si estaban muertos de forma natural cuando fueron tirados, solo sería una falta administrativa.

El problema reside en que desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias se remitió un escrito al juzgado de instrucción 3 de Telde, que se ha hecho cargo de la causa, en el que decía que no asumía los costes de las pruebas, sino que le correspondía a la Dirección General de la Guardia Civil, que lleva a cabo las pesquisas. Por este motivo, el juez emitió días atrás un oficio al servicio de toxicología clínica y analítica de la Universidad advirtiendo de la imposibilidad de abonarlas ya que ninguna administración se hacía cargo. Sin embargo, desde la Consejería aseguraron ahora a este periódico que ya se ha solicitado que se nombre un perito para que se encargue de los análisis, a través del acuerdo que tiene firmado la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con un servicio

externo.

Un sospechoso

Mientras tanto la investigación que lleva a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el juzgado está paralizada. Los análisis son una prueba clave porque ya tienen un sospechoso. En el caso de que se demostrara que hubo maltrato animal con resultado de muerte se podría enfrentar a una pena de entre 6 y 18 meses de cárcel.