Juan Francisco Artiles, titular del área de Educación y candidato a la Alcaldía por Más Telde, ha significado que su grupo político está contento con el pacto que gobierna el municipio desde junio de 2019, integrado por NC, Juntos por Telde y su partido, porque “se nos está dejando trabajar”.
Artiles ha zanjado cualquier atisbo de problema en el seno del tripartito que dirige la nacionalista Carmen Hernández desde la Alcaldía. “Hasta ahora hemos cumplido con lo firmado al principio de este mandato y mientras todo siga así vamos a seguir apoyando el pacto hasta el último día. Luego tendrán que ser los propios ciudadanos los que elijan a sus representantes políticos en las urnas”, aseguró el líder de Más por Telde, formación que se ha quedado con Artiles como único representante en la actual Corporación tras la marcha de Álvaro Monzón a los no adscritos.
Con estas declaraciones a Canarias7, el responsable de Educación aclara la posición de su partido en el Gobierno local tras unas manifestaciones púbicas suyas en las que apuntó que se había enterado por la prensa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el parquin subterráneo de San Juan.
Un fallo judicial que no aporta nada nuevo sobre la ya conocido porque, pese a lo interpretado por algún grupo de la oposición, no condena expresamente al Ayuntamiento de Telde al pago de indemnización, sino que viene a desestimar los recursos de apelación presentado tanto por el Consistorio como la propia empresa AMMAP Parking por motivos diferentes en un largo procedimiento judicial que comenzó en mayo de 2015, cuando la compañía días antes de las elecciones locales de ese mes presentó un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno presidido entonces por Mari Carmen Castellano (PP) de no respetar el convenio pactado para la reapertura del equipamiento situado detrás de la Basílica de San Juan y el que invirtió más de 3 millones de euros para su puesta en marcha.
El incumplimiento de ese acuerdo, que data de 2012, llevó a AMMAP Parking a solicitar la rescisión de la concesión y la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios que, según sus estudios económicos, ascienden a 4,8 millones de euros, una cantidad que el Ayuntamiento de Telde rechaza y que, en consecuencia, ha peleado ante los tribunales esta exigencia empresarial.
Tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD, las diferencias entre la empresa y el Consistorio se dirimirán en el Tribunal Supremo, órgano al que las dos partes han preparado ya recurso de casación contra la sentencia del pasado 3 de octubre.
























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